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Néstor Julián Ramírez lunes, 1 de octubre de 2012

Durante los últimos meses han sido varias las alertas que autoridades como la Defensoría del Pueblo, la Contaduría y la Contraloría General de la República, han generado alrededor del alto número de demandas que cursan contra el Estado.

Gráfico: Responsabilidades contingentes por litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Se ha llamado la atención sobre su incremento durante los últimos años y también se ha dicho que el monto de las pretensiones de dichas demandas puede duplicar el Producto Interno Bruto de Colombia. Bajo este contexto, vale la pena examinar cuáles han sido las entidades más demandadas y cuánto es el dinero que está en juego.

Al examinar las autoridades con el mayor número de demandadas en contra hasta 2011, los datos del Sistema LITIGOB ubican en los tres primeros lugares en materia de procesos activos (199.379 en total)  al Instituto de Seguros Sociales con 69.547 procesos (34,8% del total), la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional con 13.708 procesos (6,8% del total) y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con 13.523 procesos (6,7% del total). Teniendo en cuenta la naturaleza de estas entidades, la situación da cuenta sobre la persistencia de los problemas en materia pensional en Colombia y su consecuente derivación en conflictos que se llevan a los estrados judiciales. También figuran entre las más demandadas, el Ministerio de Defensa (13.373 procesos) y la Policía Nacional (9.633 procesos), por hechos relacionados con la operación de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a las entidades que integran el sistema de justicia, se destaca que la Fiscalía General de la Nación se posiciona en el quinto lugar entre las entidades más demandadas, con 10.113 procesos activos en su contra (5% del total), a la vez que el Consejo Superior de la Judicatura se ubica en el décimo lugar, con 6.358 procesos (3,1% del total).

Ahora bien, el número de demandas contra las entidades no necesariamente lleva a que, aquellas con más procesos en su contra, sean las que concentren el mayor monto de pretensiones monetarias en juego. En cuanto a esto último, los datos de la Contaduría General de la República muestran que el valor de las pretensiones en denuncias y en mecanismos alternativos de solución de conflictos a nivel nacional aumentó en $225 billones de pesos entre el 2008 y el 2011, representando un incremento porcentual del 237% (excluyendo el proceso  entablado por la familia Durango en contra del INCORA por la presunta imposibilidad de explotación económica de 1.926 kilómetros cuadrados en Antioquia, cuyas pretensiones ascienden a $594 billones). Este crecimiento significativo se explica por varios factores en donde sobresalen las demandas  instauradas por los afectados de las “piramides” ante la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades. Este fenomeno generó que la Superintendencia Financiera pasara de reportar pretensiones en su contra por $9 billones en el 2009 a $49 billones en el 2011, mientras que la Superintendencia de Sociedades reportó en el 2010 $1 billon y en  el 2011 ascendió a $37 billones.

Por otro lado, la Fiscalia General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura han venido perfilándose, no solo como dos de las entidades más demandadas a nivel nacional, sino también como parte de las que concentran el más alto monto de pretensiones en su contra. En cuanto a la Fiscalía, se encuentra que entre el 2008 y 2010 el valor de las pretensiones en contra de ella se incrementó alrededor del 400%, pasando de $7 billones a $41 billones en este periodo, aunque en 2011 descendieron a $19 billones. Al respecto, hay que tener en cuenta que de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2012, el 10% de los pagos efectuados por la Nación por concepto de procesos judiciales en el 2011 fue por sentencia condenatorias y conciliaciones aprobadas en contra de la Fiscalia General de la Nación, que se posiciona como la tercera entidad en materia de pagos (tras el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional).  

Adicionalmente, el Consejo Superior de la Judicatura ha venido presentando un aumento progresivo en el valor de las pretensiones de las demandas en su contra. Entre el 2008 y 2011 presentó un alza del 56% pasando de $7 billones en el 2008 a $10,9 en el 2011. Adicionalmete, el 2,5% de los pagos realizados por la Nación por concepto de procesos judiciales fueron por concepto de sentencias y conciliaciones en contra de Consejo Superior, ocupando el  octavo lugar entre las entidades estatales que más recursos destinan a este rubro.

Bajo este panorama, resulta altamente preocupante la situación de la Fiscalía y del Consejo Superior de la Judicatura, cuyas numerosas y cuantiosas demandas están asociadas a deficiencias en el funcionamiento del aparato de justicia, tales como privaciones injustas de la libertad en procesos penales -se ha estimado que arededor de 74% de las demandas contra la Fiscalía son por este motivo- y errores judiciales.

Son varios los problemas derivados de las crecientes demandas contra el Estado: por una parte, el incremento del erario público que está en juego dentro de estos procesos. Por otra parte, se evidencian problemas sistemáticos en el funcionamiento del Estado, en frentes como salud, pensiones, control a la captación de dineros y en la administración de justicia. En cuanto a esta última, las medidas legislativas, que cada vez dan mayor cabida a la privación de la libertad, tienen un gran parte de responsabiliad.

Por último, cabe recordar que resulta siendo la misma administración de justicia la que resulta perjudicada por el incremento de demandas contra el Estado, puesto que estas llevan al aumento de la carga de los juzgados contencioso administrativos, contribuyendo a la morosidad que tradicionalmente ha aquejado a esta jurisdicción. Estos son auténticos retos que deberá atender el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que recientemente entró en vigencia; así como la Agencia Nacional de Defensa Jurídicia del Estado, creada no solo con el objetivo de participar en los procesos judiciales, sino también de diseñar estrategias de prevención del daño antijurídico por parte del Estado, que es justamente la causa de las demandas contra las entidades.

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