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Mateo Jaramillo - mjaramillo@larepublica.com.co martes, 5 de noviembre de 2013

Por segunda vez se prorrogó el ciclo de negociaciones en La Habana, Cuba, con el objetivo de cerrar el punto dos en la agenda de negociación entre el Gobierno Nacional y las Farc sobre la participación política del grupo guerrillero. Hoy se deberá conocer el avance de ese aspecto.

El tema es uno de los más discutidos debido a la impopularidad de la guerrilla en las ciudades y la dificultad en la creación de mecanismos para la inclusión de los combatientes en el escenario electoral. Los expertos consultados por LR ven los intereses políticos del grupo guerrillero enfocados hacia las regiones donde han ejercido una presencia histórica, usando mecanismos de participación alternos a los comicios parlamentarios, únicamente si logran establecer las garantías electorales posteriores a un perdón de la sociedad a través de una amnistía del Congreso Nacional.

El profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario, Yann Basset, explica que por la impopularidad de este grupo guerrillero en las ciudades, las aspiraciones al parlamento no son tan altas como en algunas zonas del país donde han tenido una preponderancia política.

“Las Farc más que la participación en el Congreso le interesan el poder en el ámbito local. Un ejemplo es la figura de las reservas campesinas como un mecanismo verdaderamente interesante para ellos”, dice Basset.

El objetivo de estas reservas campesinas, según el acuerdo 024 de 1996, es “eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos”.

Otro mecanismo alterno que menciona el profesor Basset radica en que “las Farc hablan de participación y no de representación. Es decir, que les interesa más poder influir en las instituciones desde muchos ámbitos. Como es el caso de Venezuela con la creación de las comunas como sistemas paralelos”.

En Venezuela, como menciona el académico, existe una dependencia del ejecutivo denominada Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social que se encarga de “coordinar y evaluar todo lo relativo a las políticas de formación permanente, relacionadas con la economía comunal”.

Sobre el poder de la guerrilla en las regiones, el coronel retirado de las Fuerzas Armadas, Carlos Alfonso Velásquez, dice que hay que precisar que las muestras de las encuestas en el país rural no son muy ostentosas pues la desfavorabilidad es en las zonas urbanas.

“Las Farc no desechan los cargos nacionales y sino que quieren ejercer cargos políticos en las regiones donde han tenido una presencia histórica como Huila, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Arauca, Nariño, Chocó y Cauca”, dice Velásquez.

Perdón para participar
La profesora Diana Durán, experta en derecho constitucional de la Universidad de Los Andes, afirma que la participación política solo es posible si hubiera algún tipo de perdón o indulto por las penas de los guerrilleros como lo establece la Constitución de 1991, porque “lo que está detrás no es sólo que participen, pues son las urnas las que los aprueban, sino que para hacerlo hay que tener algún tipo de perdón”, expone Durán.

De igual modo, la profesora hace referencia a la presencia de los organismos internacionales en las decisiones de las autoridades nacionales, “ahora la presencia en el ámbito internacional tiene mayor influencia. El proceso de paz tiene seguidores internacionales”.

Hechos como el de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, en septiembre de este año cuando le indicó al presidente Juan Manuel Santos la disposición de la CPI para contribuir con el proceso de paz son los que menciona Durán; pues Bensouda ha cuestionado las leyes de la justicia transicional del Gobierno colombiano para la desmovilización de los grupos guerrilleros por considerar que pueden abrir una puerta a la impunidad.

Garantías políticas
El Gobierno ya ha realizado acuerdos con las Farc para encontrar una salida política al conflicto armado. Uno de ellos se dio el 28 de marzo de 1984 cuando se firmó el ‘Acuerdo de La Uribe’ en el cual se pactaba un cese al fuego por parte de las Farc luego de las negociaciones con el gobierno de Belisario Betancourt. De ese pacto nació el movimiento político de la Unión Patriótica (UP) que en su primera incursión electoral alcanzó seis senadores, nueve representantes a la Cámara, 18 diputados y más de 300 concejales.

Sin embargo, desde el mismo año de las elecciones, en 1986, empezó lo que se conocería como el exterminio de la UP que tuvo entre sus muertos a los candidatos a la presidencia Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo.

Al respecto, Álvaro Oviedo, historiador de la Universidad Javeriana, asegura que “el problema de fondo es si va a haber garantías políticas para hacer actividades en el panorama nacional. Lo que ocurrió con la UP es que no hubo garantías, no sólo para las Farc sino para cualquier sector de izquierda”.

Este mes se cumple un año del inicio de los diálogos y los expertos coinciden en que el problema es de tiempo, pues las ramas ejecutivas y legislativa tienen nuevos actores a partir de las elecciones de 2014 y la aparición de nuevos congresistas o de un nuevo presidente, podría cambiar el rumbo de las negociaciones o terminarlas.

Las opiniones

Yann Basset
Profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario

“Las Farc no aspiran a la presidencia, por lo menos a corto o mediano plazo, pero sí les interesa un poder local o regional. Más que la participación en el Congreso les interesa el poder en el ámbito local, como lo pueden ser las reservas campesinas”.

Carlos Alfonso Velásquez
Coronel retirado de las fuerzas militares y profesor universitario

“Las muestras de las encuestas en el país rural no son muy ostentosas, la desfavorabilidad es en las zonas urbanas. Aunque las Farc no desechan los cargos nacionales, quieren ejercer cargos políticos en las regiones donde han tenido presencia histórica”.

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