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José David Castilla lunes, 18 de marzo de 2019

Ramírez explicó que las atribuciones sobre la objeción de la norma se enmarcan perfectamente en la inconveniencia.

El debate por las objeciones presidenciales presentadas contra la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se sigue moviendo en la Casa de Nariño. Esta vez, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió a defender la decisión del presidente y a arremeter contra la réplica de la oposición.

Según la mandataria de origen conservador, las decisión de objetar la ley estatutaria no puede “bloquear” el sistema de justicia restaurativa que se estableció con el acuerdo de paz. Para Ramírez, “las objeciones del Presidente de la República, no buscan, ni tienen el efecto de bloquear la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las objeciones parciales son, como su nombre lo indica, parciales”.

La Vicepresidenta también aclaró que la facultad del Congreso de modificar la norma recae únicamente en seis artículos del cuerpo completo del texto. Según ella “es totalmente falso que si no hay acuerdo entre las dos Cámaras sobre las objeciones, deba archivarse la totalidad del proyecto y al contrario, desde la Sentencia C-064 de 2002, existe jurisprudencia constitucional sobre la posibilidad de disponer el archivo parcial de alguno de los artículos en los cuales no haya una posición de consenso”.

Para Ramírez, “la JEP es un hecho”, con lo que busca desmontar la tesis del Uribismo más radical en la que se pretende desmontar el tribunal que se forjó en los tratados de paz del Teatro Colón.

El Gobierno pretende que con estas objeciones se estructure un acuerdo político para perfeccionar los puntos acordados en el articulado final del texto. También recalcó que no es una situación sin precedentes, debido a que las sentencias C-634 de 2015 y C-011 de 1994  aclararon que el presidente puede objetar las normas por inconveniencia.

Sin embargo, lo que Ramírez no explicó en su comunicación pública fueron los sustentos técnicos que soportan la inconveniencia convocada. Este es el punto central que ha expuesto reiterativamente la oposición, quienes han criticado la decisión presidencial, la cual ha sido tachada de ser una jugada política, más que un argumento jurídico.

 

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