• Carlos Jaramillo Palacio

miércoles, 28 de febrero de 2024

José Antonio Salazar se habría saltado la ley en la toma de esta decisión, de acuerdo con lo que le contó un experto en el tema a AL

Las decisiones de José Antonio Salazar, el secretario de la Cancillería que armó el tremendo lío tras la adjudicación de los pasaportes a Thomas Greg & Sons y que fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro, siguen estando en el ojo del huracán.

En la noche del martes, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se refirió a la polémica de la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons. Murillo señaló que, "el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el Canciller Álvaro Leyva Durán, quien declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023". Por ello, aseguró que el proceso sigue suspendido.

De igual manera, Murillo indicó que, "se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por $599.000 millones sin contar con el respaldo presupuestal necesario".

Según él, no existe el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 sobre los recursos para el proceso contractual, pues los recursos ya habían sido asignados desde el 2 de octubre del año pasado.

Y lo que dice Murillo, respalda, como le contó un experto en el tema a AL, la arbitrariedad en las decisiones tomadas por el ahora insubsistente canciller.

"⁠Salazar, al devolverse competencias a la Secretaría General, no podía tomar decisiones de tipo retroactivo: derogar una decisión ya tomada y que había cerrado el proceso licitatorio anterior con la declaratoria de desierta. Las competencias que se devolvieron por parte de Murillo son para actuaciones en adelante y no eran a Salazar sino a la secretaría general", asegura.

Y agrega que: "él tomó unas decisiones arbitrarias contraviniendo incluso los principios de contratación: no hay la reserva presupuestal que ampare la decisión que él tomó. Los recursos actualmente están amarrados al contrato vigente de suministro de pasaportes y a la nueva licitación. No hay un Certificado de Disponibilidad Presupuestal que pudiera respaldar la decisión que él toma".

Para el experto consultado, "él no puede contradecir decisiones que se tomaron por superior jerárquico. En este caso las que tomó Leyva cuando asumió la competencia el año pasado".