• David Jáuregui Sarmiento

miércoles, 28 de febrero de 2018

El distrito ahorró en 2017 $1,7 billones por demandas contra la ciudad

Desde agosto de 2016 empezó a funcionar la Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá, una dependencia que se encarga de fijar las políticas de la defensa jurídica de Bogotá. A propósito de la rendición de cuentas de la vigencia de 2017, AL habló con Dalila Hernández, la secretaria jurídica distrital.

¿Cuáles son las funciones de la Secretaría jurídica?
Lo que hacemos tiene que ver con el fortalecimiento, la unidad de criterio y fijación de líneas jurídicas frente a todas las entidades del distrito, que son más de 72, que requieren cohesión para la defensa articulada en los temas judiciales, y el fortalecimiento de los actos administrativos y en las decisiones que toma el alcalde en todas las áreas de trabajo.

Se asemeja a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado...
Nosotros somos la base y el ejemplo en el país de un modelo de gestión jurídica que después fue tomado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; de hecho gran parte de lo que hizo en su momento Bogotá hoy en día es lo que es la Agencia Jurídica.

¿Cuál es el presupuesto que maneja la Secretaría?
Para este año, el presupuesto es de $30.000 millones. El gasto se divide en funcionamiento de la Secretaría y en proyectos de inversión: el más importante de los proyectos de inversión es la creación de un sistema único jurídico moderno, que será casi una inteligencia artificial con un acopio de información jurídica vasto, para facilitar la labor de los más de 700 abogados del distrito y los 100 de la Secretaría.

En este momento ¿por cuánto es el valor de pretensiones de las demandas?
Entre las acciones de grupo, contractuales y los demás de los 35.000 procesos judiciales que adelantamos, son $18,4 billones, casi $2 billones menos que el presupuesto de la ciudad en 2018. Las acciones de grupo son las que más impactan, porque por ejemplo hoy tenemos 79 demandas de este tipo que ascienden a $6,5 billones en las pretensiones económicas, como por ejemplo las de régimen urbanístico. Las demandas por temas contractuales, de reparación directa y nulidad y restablecimiento son otras que también suman a esta cifra, con $3,4 billones, $3,3 billones y $2,9 billones, respectivamente.

La Secretaría enfrenta 14 demandas de Nulidades simples de la Administración Petro y ocho de la de Peñalosa ¿por qué sucede esto?
Nos están atacando el modelo de ciudad que queremos, y al final esos temas terminan discutiéndose en los despacho judiciales. Son demandas a las decisiones de la Alcaldía. El metro y el tema de la salud hacen parte de esas demandas, económicamente no son tan importantes, pero tienen peso en el sentido de política pública.

¿Cuáles son los resultados hasta el momento?
Tenemos 89% de eficiencia: eso quiere decir que ganamos muchos más procesos de lo que perdemos. Eso se ve reflejado en lo económico de la ciudad en un ahorro, en 2017, de $1,7 billones. Hemos, además, orientado casi 3.000 abogados del distrito.

¿Cuáles son las entidades más demandadas?
Son la Secretaría de Educación sobre todo por las discusiones con los maestros por temas de liquidaciones y reconocimientos de primas, y temas laborales administrativos; le sigue la Secretaría de Hacienda por temas tributarios, las discusiones de los contribuyentes por el impuesto predial, asuntos de Industria y Comercios y vehículos. También está la Secretaría de Gobierno con temas contractuales, asuntos de contratos del distrito y, por último, la Secretaría de Movilidad. El impacto presupuestal, sin embargo, lo acaparan las acciones de grupo.