• Colprensa

martes, 12 de julio de 2016

Los cargos calificados por el Procurador Alejandro Ordóñez como falta grave a título de culpa grave le podrían costar la destitución al ministro y a los altos oficiales por una serie de presuntas omisiones que derivaron en que delegados de la guerrilla de las Farc hicieran una “visita pedagógica” en el corregimiento de Conejo, de Fonseca, La Guajira, el 18 de febrero pasado, teniendo contacto con la población civil, con presencia de armas y sin presencia de la Fuerza Pública.

El pliego de cargos conocido por Colprensa de 116 páginas le endilga al ministro Villegas y a los oficiales un único cargo: “presuntamente omitir el deber de dirigir la actividad administrativa del ministerio que preside con el fin que cesara el contacto de miembros armados y uniformados de las Farc (…) pese a estar enterado de esta irregularidad, con el cual se puso en riesgo a la población y no se les garantizó el ejercicio efectivo y pleno de sus derechos y libertades”.

Las pruebas aportadas en el proceso citan un acuerdo firmado el 11 de febrero entre el Gobierno y las Farc en donde se fijaron las reglas para estas actividades de pedagogía que se iban a realizar entre el 1 y el 29 de febrero. La Procuraduría que expresamente se decía que el traslado de guerrilleros debía hacerse de civil y sin armas.

Igualmente, se tuvo en cuenta un memorial de entendimiento firmado entre el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto y representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, en donde se señaló el compromiso de levantar operaciones militares desde las 00:00 horas del 17 de febrero hasta las 24:00 horas del 1 de marzo en las zonas en donde el Gobierno Nacional advirtiera.

Sumando además varios radiogramas calificados como de alto secreto de las Fuerzas Militares, la Procuraduría señaló que expresamente ese cese de operaciones no incluía cabeceras municipales y que desde el 15 de febrero, tanto el Ministro como los uniformados sabían la zona exacta en donde se produciría la actividad de pedagogía y que allí había población civil pues era un corregimiento y no un caserío.

Incluso resaltó la entidad que había cinco mapas de las zonas exactas de inserción, extracción y sitio de reunión dispuestos por el Gobierno y que estuvieron a cargo del señor Jaime Avendaño, quien aparece como representantes del Gobierno Nacional.

La Procuraduría tuvo en cuenta además un oficio que recibió del propio ministro Villegas el 25 de febrero que señala que los integrantes de las FARC no estaban autorizados para hacer diálogos con la población civil, información que fue confirmada por el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, pues la pedagogía estaba prevista en los campamentos.

En el oficio el Ministro señaló que la responsabilidad era de la guerrilla y que no hubo parte de la línea de mando para que la fuerza pública no estuviera presente.

Para el Procurador es claro que hubo una omisión, que sí sabían que había orden de cese de operaciones y que todo esto terminó poniendo en riesgo a la población civil.

“La suspensión de operaciones militares no significaba hacer despejes de zonas del territorio nacional, pues los miembros de la Fuerza Pública debían permanecer haciendo presencia en los lugares que habitualmente lo hacen”, dice el documento.

Pese a esto, “se puso en riesgo a esta población ante un potencial acto de hostilidad o terrorismo y no se les garantizó el ejercicio pleno de sus derechos y libertades”.

La Procuraduría señaló que el Ejército tenía el deber de protección por ser zona de frontera y que la presencia de la guerrilla generó zozobra y angustia en la población civil al punto que el burgomaestre de Fonseca, acudió al Ejército, sin tener respuesta, cuando se enteró de la situación.