• Daniel Rojas Castañeda

miércoles, 15 de julio de 2020

El abogado Héctor García resaltó la necesidad de reforzar la seguridad digital en los procesos judiciales

La tecnología se ha convertido en una nueva oportunidad para la justicia del país en medio de la pandemia originada por el covid-19. Incluso, el Gobierno sacó hace unas semanas el Decreto 806 por el cual se facilita el acceso a través de medios virtuales y se busca agilizar los procesos.

Sin embargo, su aplicación y administración ha generado más dudas que respuestas. Por esa razón, en entrevista con AL, Héctor García, director del Observatorio de Gobierno y TIC de la Universidad Javeriana y presidente de Camerfirma Colombia, contó que aún hay grandes retos en materia de seguridad que la justicia digital no puede olvidar.

¿Considera que Colombia está preparada para llevar adelante el proceso de justicia digital?
Lo que quedó claro es que no teníamos el andamiaje jurídico en el sector justicia para adelantar un proceso judicial en formato 100% digital. Sin embargo, ya empezamos a recorrer ese camino. El Código General del Proceso, en su artículo 103, estructura el Plan de Justicia Digital, lo cual es un comienzo apropiado para implementar con éxito las TIC.

¿Qué es lo más positivo del Decreto 806 y qué estaría faltando?
Lo positivo es que dimos un paso importante en el uso de las TIC al habilitar todos los medios tecnológicos disponibles para poder adelantar audiencias, enviar comunicaciones y notificaciones, gestionar poderes especiales, entre otros. Apoyarse en tecnologías comunes como el correo electrónico tradicional y las videoconferencias es una necesidad. Otro aspecto positivo es que este decreto disminuye el temor que tenían algunas personas de utilizar las nuevas herramientas por miedo a nulidades o inseguridad jurídica.

Lo que estaría faltando es reforzar la seguridad digital, cuya implementación es relativamente sencilla en la medida que la tecnología existe en Colombia y tiene una base normativa.

¿Cómo se podría validar la seguridad en estos espacios?
Con el uso de firmas electrónicas y firmas digitales, estampas cronológicas de tiempo y correos electrónicos certificados, tecnologías que ya existen en el país, que tienen un soporte legal, y, además, son auditadas y vigiladas por el Organismo Nacional de Acreditación. Incluso, estas tecnologías de certificación digital, se usan hace varios años en la administración pública y ahora en el sector judicial, cuyo ejemplo es la Jurisdicción Especial para la Paz que recientemente adoptó estos mecanismos de una manera fácil y rápida.

Cuando hablamos de un proceso judicial electrónico lo que debe garantizarse, en primera medida, es la privacidad y el correcto uso de los datos personales, datos considerados sensibles y que reposarán en formato digital en los expedientes judiciales, así como la autenticidad e integridad de los documentos del proceso, incluyendo audiencias, demandas y pruebas.

¿Consideraría que más allá del Decreto habría que hacer una reforma a la justicia acorde a la sociedad actual?
El Decreto 806 es la respuesta a un problema que no da espera y donde las TIC deben ser las herramientas que permitan que los procesos judiciales no se paralicen. Más allá de una reforma a la justicia, lo que se requiere es efectuar una inversión tecnológica para poner en marcha iniciativas como el Plan de Justicia Digital e integrarlas con esquemas de modernización del Estado como el Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales.

Desde Asonal una de las críticas que le hacen a la Judicatura y al Ministerio de Justicia es que no solo es el hecho de sacar un decreto sino la necesidad de que haya más funcionarios e inversión en el sector judicial ¿qué opina de ello?
Las TIC, por sí solas, no van a resolver el problema de la congestión en la justicia colombiana. Necesitamos una reingeniería de todo el sector, cambiar la forma como resolvemos los problemas y hacer esa revolución de la mano de las TIC, usando firmas electrónicas y digitales, la digitalización certificada, el OnBoarding digital para identificar plenamente a las personas acudiendo a las bases de datos de la Registraduría y tecnologías de avanzada como la Inteligencia Artificial, el machine learning, los chat bots, el blockchain, entre otros.

¿Qué se podría concluir?
Las TIC llegaron para quedarse en el sector justicia. Es el anhelo de muchos abogados litigantes, pero para que la justicia digital sea exitosa no puede dejar de lado la seguridad digital ni la autenticidad e integridad de las piezas procesales.