Levantan embargo a Previsora por el caso Licores del Valle

La Contraloría General de la República, a pesar de la renuencia de La Previsora de hacer efectivas las pólizas tomadas por los directores de la Licorera del Valle, levantó los embargos que había ordenado contra esa empresa, dentro del proceso de responsabilidad fiscal que realizó a la licorera.

La decisión se tomó teniendo en cuenta que la Contraloría no aceptaría una caución, en lugar de exigir que se honraran efectivamente los contratos de seguros suscritos asegurando a los funcionarios públicos procesados en el caso de la Licorera del Valle.

“La Contraloría recibió el pago correspondiente a los siniestros amparados por cuatro pólizas expedidas por Seguros La Previsora, derivados de la responsabilidad de los directores de la Licorera del Valle. La cobertura total solicitada por este concepto ascendió a la suma de $12.000 millones, que sumando los intereses y costas asciende a $15.980 millones”, manifestó la entidad mendiante un comunicado.

Según la entidad, la discusión jurídica planteada por la aseguradora, que recurrió tanto a Fasecolda como a otros actores del mercado, nacionales e internacionales, para alarmar sobre el riesgo de que la industria de seguros se estaba viendo amenazada, como consecuencia de la política de la Contraloría de dar pleno cumplimiento a las normas y, en consecuencia, lograr la reparación del daño fiscal mediante el pago efectivo de las pólizas, es injustificada.

Pólizas
Existen cuatro pólizas independientes para cuya suscripción se exigió el pago de primas, (más de $60 millones cada una) con pago anual por cada periodo, con coberturas independientes. Se pudo probar en el proceso que concurrieron siniestros que en total ascendieron a $40.000 millones, pero que estaban cubiertos de 2008 a 2011 por las pólizas mencionadas. En lugar de reconocer que su obligación llegaba a $12.000 millones, insistía la aseguradora en solventar la obligación con una cifra de apenas $3.000 millones, que corresponde solo a la póliza de un año.Con La Previsora de Seguros, desde un comienzo, se planteó una discusión jurídica porque la aseguradora consideraba que solo debía pagar la póliza correspondiente a la vigencia de un año, mientras que la Contraloría argumentó que se trataba de cuatro pólizas independientes sobre las cuales se cobraban primas para cada una de ellas.

Los tomadores de la póliza siempre afirmaron que para ellos el riesgo estaba cubierto para cada uno de los periodos durante los cuales se cometieron los hechos imputados, como se hacía constar en el texto de las pólizas contratadas. Según la entidad, el Estado debe preguntarse sobre la racionalidad del aseguramiento ante perspectivas realmente insuficientes de reparación por parte de las aseguradoras.

Además, establece que son cuestionables los costos que se generan para las entidades públicas.