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El Colombiano jueves, 18 de junio de 2015

Lo hace luego de un accidentando y dilatado trámite legislativo desde septiembre de 2013, con el fin de mitigar un delito que las cifras oficiales estiman que justifica 10% del valor de las importaciones y mueve al año unos US$6.000 millones en mercancías que no pagan impuestos. En el caso de Medellín, el flagelo toma la delantera en forma de electrodomésticos, calzado, prendas de vestir, licores y cigarrillos.

El principal cambio con la norma es que configura al contrabando como conducta asociada al lavado de activos. Por eso aumenta en cuatro años de cárcel las penas para quienes sean responsables de mercancías ilegales que superen los 50 salarios mínimos ($32,22 millones).

Hasta ahora, las penas eran de 3 a 5 años, pero en la mayoría de casos terminaban en excarcelaciones, mientras que la nueva ley dispone condenas máximas entre los 8 y 12 años. En el caso de contrabando de hidrocarburos (gasolina), las penas se duplican hasta los 16 años.

También los funcionarios corruptos que favorezcan el contrabando ya no podrán pasar de agache cancelando una multa, sino que enfrentan cárcel. Cualquier otro cómplice afrontará penas de 3 a 6 años.

Una ley con protestas

Entre tanto, los comerciantes de los “sanandresitos” (centros comerciales populares) de las principales ciudades del país protestaron ayer. Alegan que no fueron tenidos en cuenta en la discusión del proyecto de ley y que les pone más barreras administrativas a las importaciones.

El presidente de la Federación de Sanandresitos de Colombia, Albeiro Camacho, asegura que la nueva norma “terminará judicializando al trabajador y no a los verdaderos promotores del contrabando, porque sanciona hechos que pueden desconocer el conductor, tendero o comerciante que está en la cola de la cadena”.

La Asociación de Comerciantes de Guayaquil (Asoguayaquil), lideró la marcha en el sector de El Hueco, centro de la ciudad, donde hay 12.500 locales en 75 centros comerciales y cuya actividad depende en 70% de mercancías importadas.

“No rechazamos lo que tiene la ley en lucha anticontrabando, sino lo que tiene de favorecimiento a los monopolios importadores (...) con el aumento de condiciones de carácter económico que impiden a pequeños y medianos comerciantes importan mercancías para sus negocios”, explicó a este diario Javier Gaviria Betancur, presidente de Asoguayaquil.
En ese sentido, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, señaló que el proyecto no afectará a los pequeños comerciantes ni los beneficios que tienen las zonas aduaneras especiales.

Una norma necesaria

Ante las protestas, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero Nieto, se declaró sorprendido, las considera injustificables y señaló que la ley salió bien del Congreso.

“Más que las medidas policivas, la nueva norma facilita atacar el contrabando técnico y permitir que quien importó mil bicicletas, por ejemplo, explique por qué vendió dos mil”, agregó Botero.

Para la Asociación del Sector Automotor y sus Partes (Asopartes), la ley le da dientes a la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para combatir a las redes detrás de US42.270 millones que mueve el contrabando al año solo en este sector.

“Lo importante es que se aplique la norma y se ataque a los bandidos de verdad, para no angustiar más a los empresarios legales con más reformas tributarias que afectan a toda la industria nacional”, afirmó Tulio Zuloaga Revollo, presidente de Asopartes.

Por último, Acicam, gremio del calzado y el cuero, espera que la norma sea un paso concreto para que Dian, Fiscalía y Policía tengan una acción conjunta más eficaz. “Es un paso a la erradicación de prácticas ilegales que afectan la generación de empleo formal y ojalá no sea el último para que el país se ponga a la altura de los controles de economías desarrolladas”, concluyó Luis Gustavo Flórez, presidente de Acicam.

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