Juan David Puyana Mantilla Jueves, 15 de diciembre de 2016

Ahora bien, una cosa es el desconocimiento de la ley o los problemas en su interpretación, y otra muy distinta la imposición de nuevos elementos de evaluación de conducta no contenidos en esta, establecidos como requisito por parte de autoridades distintas a aquellas que gozan de poder legislativo y regulatorio, los cuales no tiene por qué conocer el funcionario, razón por la cual no pueden ser empleados como patrón de medición de la conducta de ningún sujeto al interior de la administración. 

Llama la atención que, en ocasiones, tanto jueces como árbitros, han llegado a exigir a un funcionario o a una entidad, actuaciones distintas a las requeridas por la ley, como, por ejemplo, en procesos de contratación pública. Lo anterior, resulta preocupante en el entendido que, ante la incontable cantidad de disposiciones legales, sus defectos interpretativos y la estricta lupa de las entidades de control, sumar un elemento adicional para la medición de responsabilidad frente a la actuación de un sujeto limitado para hacer únicamente lo que la ley le habilita, solo lograría sumir a estos en una temible inseguridad jurídica.

Adicionalmente, el control frente a los nuevos requerimientos que un juez o árbitro deciden imponer, resulta sumamente complejo, ya que, por lo menos hablando del laudo arbitral, su control estará circunscrito únicamente al recurso de anulación que se llegue a interponer, cuyos límites y causales son taxativas, y cuyo ejercicio reclama un estricto apartamiento de lo que como cosa juzgada se considere. 

Ante este escenario, tanto el funcionario público como la administración, quedarán sujetos al devenir de los fallos, sin tener la posibilidad de hacer un raciocinio previo a su actuación que les permita desempeñar su labor de la mejor manera posible, sin la preocupación de que su función sea evaluada acorde a elementos ajenos a lo dispuesto por la ley.

Como todo escenario de inseguridad jurídica, el que nos ocupa tendrá como efecto una gran preocupación en el medio administrativo, de lo cual se desprenderá que los mejores calificados para desempeñar tan importantes labores, se alejarán para refugiarse en la esfera en la cual podrán actuar, siempre y cuando lo que hagan no lo tengan prohibido.