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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co Martes, 7 de julio de 2015

Las multas impuestas se han realizado desde el 4 de marzo, y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) ha inmovilizado vehículos e impuesto comparendos.

En primera instancia las multas ascienden los 700 salarios mínimos, es decir, $450,8 millones, a empresas, propietarios de vehículos, tenedores y/o conductores vinculados a este proceso, debido a que sus acciones transgredieron y/o promovieron la transgresión de la regulación definida para la prestación del servicio público de transporte individual y especial. “Nuestro país cuenta con una reglamentación legal para regular la prestación del servicio público de transporte; por lo tanto, toda empresa y/o persona que no la cumpla debe ser investigada y sancionada según las normas”, advirtió Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte, refiriéndose al resultado de las investigaciones que la entidad realiza desde marzo pasado.

“El problema aquí no es la tecnología, sino el servicio ilegal que algunas empresas y personas prestan a través de ella”, agregó el superintendente Jaramillo.

En la mira de la entidad hay empresas como Uber, Mi Águila y Taxi Imperial que si bien son compañías registradas como tecnológicas, promueven el servicio de transporte a través de una aplicación que une a conductores y a pasajeros. “No basta con tener una buena idea, también hay que ajustarla a la normatividad vigente”, dijo.

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