lunes, 1 de agosto de 2016
Para Londoño, en el lapso se avanzó principalmente en salud preventiva, en la atención primaria en salud y en la ampliación de cobertura de la red externa de atención. Según el jefe de la cartera de Justicia, al hacer un contraste entre la situación que se vivía antes de declararse la emergencia y la actual, son varios puntos los que pueden ver un cambio. “Teníamos 24 establecimientos carcelarios sin personal en salud. Gracias a la reubicación de funcionarios, hoy los siete establecimientos con mayor necesidad de atención intramural, cuentan con ella. En materia de cobertura extramural, sólo había seis contratos suscritos con IPS a nivel nacional. Hoy, hay 113 nuevos contratos”, expresó Londoño.
Quien también afirmó que las dificultades en la prestación del servicio de los reclusos se ha acentuado con la situación de Caprecom, compañía que entró en liquidación el año pasado. “Por eso se creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad a partir de un contrato de fiducia mercantil. Se encontró una población con muchas necesidades de servicios de salud que venían en lista de espera. Alrededor de 20.000 actividades represadas, reportadas por la EPS liquidada, vienen generando acciones judiciales de tutela”, explicó el funcionario público. Y agregó que a lo anterior, se sumó la renuencia de la Red de prestadores de servicios de salud para suscribir contratos por las deudas que con ellos tiene Caprecom.
Según el Ministro, las cárceles de Jamundí, Medellín e Ibagué son las de mayor crisis.
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