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Teresita Celis - tcelils@larepublica.com.co viernes, 25 de septiembre de 2015

Henao es asesor del Gobierno en temas de justicia dentro del proceso de paz y señala, sin pelos en la lengua, que se trata de un sistema jurisdiccional que logra un equilibrio entre la justicia y la no impunidad.

“Los críticos quieren ver guerrilleros pagando 20 años de prisión, pero nadie se va a entregar para ir ese tiempo a una cárcel. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo”, señala.

Sobre el tribunal especial de la paz, que dictará sentencia,  dijo que será conformado por 20 magistrados y por contener un porcentaje de extranjeros, implica una reforma constitucional.  Serán juristas, con perfil de alto magistrado de Corte,  con especialidades y su elección es uno de los puntos por definir.

Henao habló con LR de los alcances del acuerdo en justicia transicional. 

¿Qué es lo que más destaca del acuerdo en justicia?
Se logró un equilibrio entre justicia y no impunidad, entre verdad y protección a las víctimas. Este es un equilibrio que pasa los estándares internacionales, según hemos recibido comentarios de expertos. Es un modelo único en el mundo y es la primera vez que hay un sistema tan complejo e interesante fácil de entender. Es un sistema jurisdiccional para la paz que tiene como cabeza un tribunal, sanciones, jueces, dos instancias, recursos, participación de las víctimas, es decir, todos los elementos de un sistema de justicia. La gran ventaja que tiene, a diferencia de lo que ocurrió con justicia y paz, es que el nivel de exigencia está sobre la verdad exhaustiva.

¿Cómo se verifica que lo confesado es cierto?
El sistema privilegia la verdad. Quien no la diga se va a penas de 20 años de prisión. 

Esto es a favor de las víctimas, que podrán saber qué pasó con su hijo o la señora qué pasó con su marido.  Quien dice la verdad se va por el primer canal que son penas de 5 a 8 años que es el de las sanciones propias del sistema con dos elementos: restricción efectiva de la libertad y sanción restaurativa y reparación como construir obras, por ejemplo,  hacer la iglesia de Bojayá que se dañó.  

Ahora, se preguntan todos ¿cómo se sabe si lo que dijo es verdad?.  Va haber una sala de reconocimiento de la verdad y responsabilidad que es la que entrega al sistema jurisdiccional la información cotejada con la Fiscalía, las organizaciones de víctimas,  ong’s, entre otros. Si se comprueba que no dijo la verdad y no corrige, se va a juicio contradictorio y la sentencia puede llegar a 20 años de prisión.

Los contradictores insisten en que habrá impunidad ¿Qué piensa?
No es impunidad. Los críticos quieren ver guerrilleros pagando 20 años de prisión, pero nadie se va a entregar para ir ese tiempo a una cárcel. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Por ello digo que el gran avance de este sistema a nivel mundial es que armoniza todos los intereses en juego: las víctimas con la verdad, la justicia con la no impunidad.

En este sentido ¿Qué sigue? 
Es terminar todo lo contenido en el DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción). Es una comisión que está a cargo del general (en retiro) Óscar Naranjo y permitirá determinar los lugares de restricciones de libertad. 

El tribunal dirá si será en esta vereda o en esta zona. Va haber un comité de seguimiento a la sentencia con componente nacional e internacional porque habrá un régimen de restricción de la libertad. Hay que tener en cuenta que los bienes de las Farc serán objeto de extinción de dominio, entendido esto en que lo obtenido por la guerrilla fue por vía no lícita.

Hay que impulsar reformas constitucionales ¿Cuáles son?
En efecto, hay que hacerlo. Por ejemplo, hay que modificar la Constitución en la parte donde dice que los colombianos solo pueden ser procesados por nacidos en el país.  Hay que tener en cuenta que el tribunal de paz estará compuesto por unos 20 magistrados, de los cuales 20% o 25% serán extranjeros. También hay que impulsar una reforma para la ley de amnistía.

¿Por qué habla de sanciones y no de penas?
Es una posición doctrinaria. Hay gente que dice que sanción y pena es lo mismo y otra que son distintos. Eso es un tema de interpretación de la corriente penal donde uno se ubique.

¿Por qué destaca el acuerdo en justicia como único en el mundo?
Porque se puede aplicar en otros países, ya nos lo han dicho personas importantes en derecho internacional.  Hay que tener en cuenta que esto no es solo para la guerrilla, es para todos los actores del conflicto armado, en el cual pueden entrar los militares, incluso les conviene. Ellos deciden si se acogen o no.  El  texto del acuerdo dice que habrá un tratamiento similar pero diferente, es decir, una cosa son las necesidades de los militares y otra los de la guerrilla. En eso fueron respetuosos.

¿Cuándo se constituirá el tribunal? 
El tribunal empieza luego de los tiempos que dio el Presidente (Santos). Si el 24 de marzo de 2016 existen la plata y las leyes puede comenzar el tribunal que, además, se diseñó para empezar por etapas. 

Si se cumplen los tiempos ¿para las próximos elecciones parlamentarias pueden postularse miembros de las Farc? 
Si son delitos políticos, como rebelión, y eso lo informa el tribunal, y cuenta la verdad, sí creo que para 2018 puedan ya ser elegidos. Los que han cometido delitos de lesa humanidad no pueden actuar en política.  

El objetivo social de las negociaciones es que se logra que un movimiento armado, que nunca se ha podido derrotar, decida dejar las armas e irse a la lucha electoral. Esa es la gran ganancia para Colombia. Esa es la paz: van a cambiar fusiles por discursos. 

¿Qué pasará con los guerrilleros ya juzgados?
Si son por delitos políticos, y así lo informa el tribunal,  pueden entrar en el proceso.

Las dudas
José Miguel Vivanco, director de Human Rigths Watch, mostró sus reservas frente a la forma frente al acuerdo sobre justicia que se suscribió el pasado miércoles entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. 

 Vivanco dijo que el acuerdo, al sugerir un lugar de detención, no definido aún cómo una prisión, suscita dudas relacionadas con la que él calificó como impunidad, que es una de las preocupaciones de los opositores.

Tribunal para obtener verdad
La creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá salas de justicia y un tribunal,  es un factor clave del proceso porque sus funciones se concentran en acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado. La regla general será que entre más verdad menos será la sanción, pero tendrán sanción.

Delitos que no son objeto de amnistía
No serán objeto de amnistía o indulto, las conductas tipificadas en la legislación nacional que  correspondan con los delitos de lesa humanidad,  genocidio y los graves crímenes de guerra. Se incluyen la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Narcotráfico será delito conexo
Uno de los cuestionamientos hechos al acuerdo alcanzado entre Gobierno es Farc, es si el narcotráfico será delito conexo. Sí lo será porque se considera que fue una forma de financiamiento de la guerrilla y entrará así, con la precisión que debe estar en la ley de amnistía. Es decir, las Farc aceptaron una ley de amnistía que definirá los delitos conexos. En este grupo no están los de lesa humanidad, crímenes de guerra, violencia sexual, desaparición forzosa, entre otros.

Las penas, lo que pisa callos
Quienes reconozcan su responsabilidad por delitos graves tendrán penas restricción efectiva de la libertad de cinco a ocho años. “Será un sistema de restricción de la libertad austero bajo un régimen de vigilancia y control, pero con un grado de flexibilidad que permita el cumplimiento de las funciones reparadoras y restaurativas de las sanciones, como contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos”, dice el documento.

Extradición, un asunto pendiente
El  jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, dijeron que aún no se definen aspectos como la extradición.  De acuerdo con el Gobierno, el futuro de este mecanismo sólo se establecerá en el acuerdo final de paz, pues hasta ahora las partes sentaron las bases de un sistema para garantizar equilibrio y seguridad jurídica.  “Vale la pena decir que nadie participa en un acuerdo de paz para terminar  extraditado”, dijo Jaramillo.

Los integrantes del tribunal
El Tribunal de la Jurisdicción de Paz estará conformado por 20 magistrados que serán colombianos pero, según indicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, se deja la posibilidad de que haya cuatro extranjeros. Las personas que allí estén deberán tener las calidades para ser magistrado de las altas Cortes, expertos en derecho internacional humanitario, en derechos humanos o en resolución de conflictos.  Hace falta definir los mecanismo de selección de los magistrados.

¿Qué es el juicio contradictorio?
Va a ser una etapa del proceso judicial de la Jurisdicción Especial de Paz y se emplearía si los integrantes de la guerrilla o los militares no dicen toda la verdad. El juzgado emplearía la figura de juicio contradictorio, y si el acusado es declarado culpable puede tener sanciones de prisión de hasta 20 años en cárcel ordinaria.  “Estamos ante un sistema judicial para la paz, los mentirosos van a juicio contradictorio”, señaló Juan Carlos Henao, exmagistrado.

Restricción de la libertad
Es el método que se pretende emplear en remplazo de la cárcel. Aún no se ha establecido dónde se ubicarían dichos complejos, pero serían cobijados quienes cometieron y aceptaron delitos graves en el contexto y en razón del conflicto, y permanecerían recluidos entre cinco y ocho años.  Por ahora, la definición más aproximada la hizo el abogado de las Farc, Enrique Santiago, quien dijo que las  penas no serán pagadas en cárceles ni en domicilios, sino en terrenos aún por asignar.

La justicia transicional
Es un modelo de justicia alternativa que permite que los integrantes de las Farc sean juzgados en un sistema diferente al penal, con el compromiso de desmovilizar su activos, y otros requisitos de verdad y reparación. El exfiscal, Guillermo Mendoza Diago, define dicho sistema como: “una herramienta para solucionar este tipo de conflictos.  Es una forma de hacer justicia desde un punto de vista diferente y en condiciones especiales”. 

Las amplias competencias
La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los agentes del estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos. Para acceder a tratamiento especial es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. 

La opinión

Juan Fernando Cristo
Ministro del Interior
“No deja de causar tristeza, por utilizar términos diplomáticos, que frente a la posibilidad del fin del conflicto surjan voces que insisten en cuestionar y en descalificar cualquier avance en la búsqueda de paz”.

Alejandro Ordóñez
P
rocurador general de la nación
“Los responsables de los crímenes de lesa humanidad no pueden participar en política. Eso no lo dice el Procurador, lo dice la Corte Constitucional que  declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz”.

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