Los cambios del proyecto de ley que busca cambiar el régimen sancionatorio aduanero

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Un proyecto de ley radicado el 30 de octubre de 2025 en la Secretaría General del Senado de la República buscaría reformar el régimen sancionatorio aduanero. Esta iniciativa introduciría inteligencia artificial, trazabilidad y gestión de riesgos.

El proyecto de ley 312 de 2025 busca modernizar el régimen sancionatorio aduanero mediante nuevas reglas de control, trazabilidad y gestión de riesgos. Sin embargo, aunque incorpora herramientas tecnológicas y mecanismos de transparencia, su discusión ha generado preocupación en los sectores empresarial y legal por el posible impacto en la seguridad jurídica y la competitividad del comercio exterior.

Sebastián Mendivelso, gerente de global customs & excise en Kpmg Colombia, explicó que “la reforma introduce innovaciones necesarias, pero aún carece de un equilibrio claro entre el control aduanero y la garantía de derechos para los operadores. Si no se definen mejor las conductas sancionables y los mecanismos de defensa, podrían mantenerse los escenarios de inseguridad jurídica que la Corte Constitucional ya había advertido”.

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La firma destacó tanto los avances como los riesgos que podrían surgir si esta iniciativa completa su trámite legislativo. Entre los aspectos positivos, se destaca la mejora en la gestión de riesgos, ya que el proyecto propone la adopción de inteligencia artificial y big data para identificar operaciones sospechosas, alineándose con los estándares internacionales y las recomendaciones de la OMA.

Además, el proyecto exige la interoperabilidad de sistemas y la digitalización de procesos, lo que permitirá un mayor control y transparencia en las operaciones aduaneras.

Kpmg también advirtió de la ambigüedad en la definición de infracciones, pues el proyecto mantiene zonas grises en la tipificación de conductas sancionables, lo que podría perpetuar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad de la Dian.

Otro de los puntos grises que ve la firma en este proyecto de ley es el incremento de facultades sancionatorias, ya que se amplían las facultades de la Dian para imponer sanciones de mayor cuantía y alcance, sin que se fortalezcan de manera proporcional los mecanismos de defensa y revisión, lo cual podría vulnerar el principio de proporcionalidad y el debido proceso.