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Daniel Rojas Castañeda - drojas@larepublica.com.co viernes, 24 de abril de 2020

La Fiscalía, Procuraduría y Contraloría determinaron que las irregularidades podrían sumar más de $135.918 millones

En un comunicado de prensa la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y la Contraloría  indicaron que hasta el momento tienen 53 procesos por irregularidades en contratos de ayudas que se generaron en el marco de la pandemia, los cuales suman un total de más  $135.918 millones.

Desde la Procuraduría aseguraron que se han priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias para atender la emergencia derivada del covid-19. De ellos, se inició 990 procesos preventivos, 123 inicio de actuaciones disciplinarias y 41 ya fueron archivados.

También hay 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías. Se revisan además 24 contratos que vinculan entidades del orden nacional y territorial.

Estas cifras se presentan tras la estrategia que ha permitido trabajar de manera articulada a los tres entes de control y quienes formaron un programa de vigilancia y control al que denominaron “Transparencia para la Emergencia”. Según el procurador, Fernando Carrillo, este ha sido uno de los “casos más dramáticos de la corrupción”, aseguró.

“El hecho es inédito por la avalancha de corrupción que hemos vivido estas ultimas semanas por cuenta de la utilización de los recursos en términos de lo que es combatir y mitigar el virus que afecta a todo el mundo y particularmente a Colombia en este caso”, indicó Carrillo.

Por otro lado, desde la Contraloría indicaron que se abre proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones contra Gobernador de Arauca y ordenó 27 indagaciones preliminares en otros casos. Entre las Gobernaciones que serán objeto de indagación preliminar están Valle del Cauca, Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Vichada.

Las contrataciones cuestionadas están relacionadas, en su mayor parte, con entrega kits de víveres y aseo para población vulnerable, en algunos casos adultos mayores y estudiantes, donde se evidencian algunas veces notorios sobrecostos.

A la fecha ya se han llevado a cabo 16 sesiones de mesas técnicas entre los funcionarios destacados por cada entidad para articular esfuerzos conjuntos, quienes están unificando criterios para establecer las acciones a llevar contra las irregularidades por contratación.

“Los órganos de control no se deben a ningún órgano ni bandera política y seguiremos adelante con estas investigaciones porque no vamos a permitir que se convierta el hambre de los colombianos en la gula de tantos corruptos que han creído que por la emergencia tienen pasaporte a actividades corruptas”, exaltó Carrillo.

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