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martes, 5 de julio de 2022

Los retroactivos que tendría que asumir el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República ascenderían a $80.000 millones

Excongresistas demandan fallo que tumbó las megapensiones ha sido un titular recurrente en los medios desde 2013, después de que la Corte Constitucional, en sentencia C-258 de ese año, fijara un tope de 25 salarios mínimos a las pensiones.

Ahora, la noticia cobra vigencia nuevamente, pues un grupo de excongresistas demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que se declare que la decisión vulneró sus derechos.

La demanda pide que se les indemnice por lo equivalente a lo que dejaron de recibir desde que se emitió el fallo de la Corte Constitucional. Es de anotar que, en su momento, algunos tenían mesadas de entre 30 y 40 salarios mínimos. En caso de condena, los retroactivos que tendría que asumir el Estado, a través del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, ascenderían a unos $80.000 millones.

En el listado de demandantes, informó El Tiempo, figuran los siguientes excongresistas: José Guillermo Anaya López, José Leónidas Gallego Romero, Roberto Liévano Perdomo, José Rafael Cortés Otálora y Eduardo Otoniel Montúfar, Julio César Guerra Tulena, Germán Huertas Combariza, Maria Isabel Mejía Marulanda, Alberto Santofimio Botero y Pablo Victoria Wilches.

Figuran también Heraclio Fernández, Edmundo López Gómez, Alberto Rojas Puyo, Dagoberto Emiliani Vergara, Hugo Castro Borja , María del Socorro Bustamante y María Consuelo Durán de Mustafá. Además, aparecen beneficiarios de sustitución pensional de Carlos Guillermo Eastman Aurelio Perea y Edmundo Quevedo Forero.

Esta no es la primera vez que el Estado, cuya defensa estará a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, enfrenta demandas de este tipo ante la Cidh, sin embargo, el resultado siempre ha sido favorable.

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