Los grandes retos que tendrá la nueva cúpula militar para recuperar la seguridad

Ya fue nombrada la nueva cúpula militar, que tendrá a su cargo sacar adelante la estrategia de seguridad propuesta por el presidente Abelardo de la Espriella para recuperar el orden público y fortalecer el control territorial en el país. Una tarea que deberá asumir en un momento crítico: menos hombres, déficit presupuestal y capacidades operativas disminuidas, mientras los grupos armados ilegales se han fortalecido.

La nueva cúpula estará liderada por el general Erik Rodríguez, quien salió de manera repentina del Ejército el pasado 9 de junio, cuando era el subjefe de Operaciones Conjuntas. Todo ello por unas declaraciones que entregó a medios de comunicación sobre la presunta carnetización que estarían adelantando las disidencias de las Farc en el departamento del Meta de cara a las elecciones presidenciales y en favor de un candidato.

Esas declaraciones habrían ocasionado malestar, por lo que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habrían ordenado su salida, argumentando supuesta injerencia en política. Lo acompañan el general José Bertulfo Soto Sánchez al frente del Ejército; el general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez como jefe de Estado Mayor Conjunto; el vicealmirante Javier Jaimes Pinilla al frente de la Armada Nacional y el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa como comandante de la Fuerza Aérea.

Los nombramientos fueron catalogados por el presidente De la Espriella como un mensaje de ofensiva contra el crimen organizado, un mensaje que ha repetido desde campaña: “Me estoy rodeando de los mejores soldados, de los mejores generales para ganarle esta guerra a la criminalidad”. El desafío ahora será lograr esos objetivos con las graves limitaciones que enfrentan las Fuerzas Militares.

“Si esa cúpula hubiera llegado hace cuatro años, probablemente hubiera tenido más capacidades para trabajar que las que encuentra en este momento. Enfrenta una institución disminuida porque su capacidad financiera, logística y humana a todas luces está mermada. Lo cual es consecuencia del gobierno Petro y de un deterioro progresivo de los últimos gobiernos”, explica Andrés Preciado, líder de la iniciativa de seguridad y justicia en el Centro de Valor Público de la Universidad Eafit.

Los números respaldan ese diagnóstico. El propio informe de empalme entregado al nuevo gobierno señala que, de un inventario de 386 aeronaves de la Fuerza Aérea, 131 no estaban operacionales y apenas el 52 % estaba disponible para volar, mientras el Ejército recibió un déficit presupuestal de 14 billones de pesos para 2026. A esto se suma un déficit adicional de 1,6 billones de pesos solo para cubrir gastos de personal, salarios y prestaciones durante 2026. El documento también plantea la necesidad de revisar la escala salarial de oficiales y suboficiales.

Un enemigo más grande y con más plata

En ese escenario, la nueva cúpula se enfrenta a grupos armados fortalecidos. Las cifras lo demuestran: entre 2018 y 2025, el número de integrantes pasó de casi 13.000 a más de 27.000, según un informe de la Fundación Core. El ELN, por ejemplo, pasó de 4.857 miembros en 2018 a 6.810 a finales de 2025. Lo mismo ocurre con las disidencias de las Farc, que hoy cuentan con 6.977 integrantes. Por su parte, el Clan del Golfo ha registrado un crecimiento sostenido, especialmente entre 2022 y 2025, y actualmente contaría con alrededor de 9.480 integrantes.

Por eso, analistas como Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, plantean que lo primero que debe hacerse es desmontar la Paz Total y combatir las rentas que financian a los grupos armados, que ya no provienen únicamente del narcotráfico, el secuestro o la extorsión.

“Hoy un mismo grupo en un territorio se puede encargar, además de esto, de la minería ilegal, la explotación sexual y comercial, el contrabando e incluso de llegar a controlar en ciertos municipios y regiones los mercados legales. Son los que están decidiendo qué se cultiva, cuánto se cultiva, a quién se lo venden, cuáles son los precios. Hablo de la canasta familiar, de bienes para la agricultura, incluso de toda la venta de cabezas de ganado y demás”, explica Nieto.

Esa lucha, sin embargo, traerá represalias por parte de los grupos armados. Nieto advierte que “se podría presentar un pico de violencia en los próximos 16 meses”, en medio de la disputa por esas rentas y los territorios que las producen. Según el analista, esa confrontación podría focalizar el conflicto y abrir espacios para que las bandas que operan en ciudades y municipios intenten ampliar su presencia.

Otro reto para tener en cuenta, explican los analistas, es la forma precisamente como los grupos han modificado el conflicto en Colombia. Ya no tienen como principal interés enfrentarse con el Estado, sino disputar entre ellos el control de esas rentas. Por eso, ambos analistas coinciden en que la estrategia para combatirlos también debe ser diferente. Lo que supone un reto enorme para la nueva cúpula.

“Pasaron de tener como principal enemigo al Estado a rehuir el combate. Y eso implica responder una pregunta operativa y estratégicamente muy difícil que el gobierno Petro no supo definir. ¿Qué va a hacer el Estado en una situación de conflicto en la que el principal factor de disputa sea entre los mismos grupos armados? ¿Se va a sumar como un tercero, va a favorecer a alguno de ellos? ¿Va a dejar que se den bala entre ellos?”, cuestiona Andrés Preciado.

Por último, la cúpula militar tendrá que fortalecer la inteligencia militar, que ha sido múltiples veces criticada en los últimos meses. También deberá decidir de qué manera fumigará los cultivos de coca en el país, ya que la Corte solo ha impuesto una prohibición para el uso de glifosato.