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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co miércoles, 13 de mayo de 2015

Así lo estableció la última encuesta de Ipsos Napoleón Franco cuando reveló que nueve de cada 10 colombianos consideran que los líderes del grupo guerrillero deben ir a la cárcel. Lo que se le suma a lo arrojado por el informe de Gallup Poll en el que 62% de los ciudadanos consultados se mostró en desacuerdo de sacrificar parte de la justicia para  negociar la paz.

Por su parte, en el Barómetro de las Américas realizado en conjunto con la Universidad de los Andes, 54,9% de los encuestados consideran que contribuirá a la reconciliación que los miembros de las Farc, que hayan sido responsables de crímenes atroces, paguen más de ocho años y 29,1% estaría de acuerdo con que pagarán entre cinco y ocho años.

Lo anterior toma vital coyuntura si se tiene en cuenta que en estos momentos el Gobierno está evaluando un documento para resolver las necesidades jurídicas que hoy plantean las negociaciones en el proceso de paz y donde se plantea, entre otras, que tiempo en La Habana se cuente como parte de la pena.

En un conversatorio en la Universidad del Rosario, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre afirmó que penas por lesa humanidad no siempre deben pagarse con cárcel y que las penas alternativas distintas a la privación efectiva de la libertad son totalmente compatibles con el Estatuto de Roma.

Contrario a ello, Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, les advirtió a las Farc que “sino aceptan la realidad de hoy que implica pena efectiva de cárcel, así firmen un acuerdo con el gobierno, así haya referendos o constituyentes, solo será cuestión de tiempo como pasó en Argentina, Salvador y Uruguay, para que de una o otra forma terminen presos con la certeza que lo serán en una situación más gravosa que se haya podido pactar en el proceso de paz”.

Lo anterior, para el analista político y docente de la Universidad de la Sabana, Diego Cediel, refleja el profundo desequilibrio político  que existe para una resolución del conflicto (aspecto quién se visualiza  en la resolución de otro tipo de problemas judiciales). “Infortunadamente los dos entes de control y acusatorio han tomado posturas partidistas que no tienen porque tener ni obedecen a la naturaleza de sus cargos, lo que en la opinión pública se ve como que  el Fiscal es el vocero del Gobierno y el Procurador de la oposición”, agregó

Sobre la utilización de la ley de Justicia y Paz para las negociaciones con las Farc, Humberto de la Calle,  jefe negociador del Gobierno en La Habana,  rechazó la  idea. “La justicia transicional no es un sapo que hay que tragar, ni una mirada resignada, ya que  implica la finalización del conflicto armado y es un renacimiento para el país”.

El concepto de ‘justicia transicional’ abarca una gran cantidad de procesos que las sociedades emplean para enfrentar el legado de los abusos a los derechos humanos y lograr un proceso de rendición de cuentas, justicia y reconciliación. Para cumplir estos objetivos generalmente, se recurre a cuatro medidas: juicios penales, comisiones por la verdad, programas de reparaciones, y reformas institucionales.

Entre los aspectos que contribuirían a la reconciliación  se destaca que reparación económica (49,1%), confesión de crímenes (35% ) y recordar públicamente los delitos (25,8%), según el Barómetro, y en Gallup Poll reveló que 54% de los consultados estarían dispuestos para pagar impuestos para darle ese dinero a las víctimas de la violencia en Colombia.

Corte Penal Internacional
El vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stuart, expresó sus opiniones sobre la aplicación de la justicia transicional en Colombia, y manifestó que debe aplicarse con el estatuto de Roma, que no puede haber suspensión total de penas por crímenes de guerra  y que la CPI solo intervendrá en caso de impunidad. “En la situación de Colombia la Fiscalía apoya plenamente los esfuerzos por terminar el conflicto armado que ha causado tanto daño, pero se debe hacer con el estatuto de Roma al que Colombia se ha suscrito”. Stuart agregó que  deben aplicarse penas para los responsables de delitos atroces, pero bajo ciertas condiciones.

Las opiniones

James Stuart
Vicefiscal de la Corte Penal Internacional

“La Fiscalía apoya plenamente los esfuerzos por terminar el conflicto armado que ha causado tanto daño, pero se debe hacer con el estatuto de Roma al que Colombia está suscrito. Deben aplicarse penas para los responsables de los delitos atroces, bajo condiciones especiales”.

Diego Cediel
Analista político y docente de la Universidad de La Sabana

“Infortunadamente los dos entes: control y acusatorio, han tomado posturas partidistas que no tienen porque tener, ni obedecen a la naturaleza de sus cargos, lo que en la opinión pública se ve reflejado como que el Fiscal es el vocero del Gobierno y el Procurador el de la oposición”.

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