• Daniel Rojas Castañeda

jueves, 11 de junio de 2020

Fredy Machado López, presidente de Asonal, dijo que casi 60% de los servidores judiciales está en grupo de alto riesgo por covid

Hace algunos días, el Consejo Superior de la Judicatura decidió levantar la suspensión de términos judiciales y empezar a llevar adelante un plan de normalización en los servicios a partir del 1 de julio. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) decidieron enviar una carta a la Corporación en la que se indica que aún faltan medidas para que los jueces puedan volver de forma segura a los despachos.

En entrevista con AL, Fredy Machado, presidente de esta asociación, habló sobre las deficiencias que hay en estos momentos en las sedes judiciales.

¿Qué es lo que están solicitando los servidores judiciales?
Para ello, hay que entender en principio el contexto: la justicia ya venía mal en infraestructura, en tecnología y lo más grave en planta de personal. Es decir, la crisis lo que hace es desnudar todas esas deficiencias. Nosotros siempre hemos dicho que el Estado le ha apostado al desprestigio de la justicia porque no le entrega suficientes recursos: se piden códigos, leyes,... pero no se tiene la apropiación presupuestal correspondiente. Después de ver esto, hay que decir que con ocasión de la pandemia hemos visto un Consejo Superior de la Judicatura que no se ha interesado lo suficiente por la seguridad de los servidores.

¿Por qué dicen que no hay todavía los suficientes elementos de seguridad para volver a los despachos?
Asonal Judicial hizo un foro con médicos especialistas y allí se concluyeron cinco cosas. La primera es que nosotros atendemos público e interactuamos con nuestros compañeros en las oficinas; dos, que esas oficinas son hacinadas y algunas no tienen los suficientes baños ni ventilación; tres, que nosotros interactuamos con documentos que al final tienen una superficie porosa que según lo dijeron los epidemiólogos también son fuente de riesgo.

Un cuarto factor es que casi 60% de los servidores judiciales hace parte del grupo de alto riesgo debido a sus enfermedades persistentes y la última es que ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena, que son las que atienden más casos, aún no están preparadas.

Adicional a ello, no están entregando los equipos necesarios y adecuados a los jueces de garantía para los que estamos atendiendo público.

¿Qué es lo que han hecho desde Asonal Judicial ante este problema?
Nosotros le escribimos al Consejo Superior diciéndole que habíamos ido a visitar las oficinas y hemos advertido que no hay las medidas necesarias para empezar el 1 de julio. Tenemos la voluntad de ir a trabajar, pero no si nos van a exponer.

Lo que pedimos también es que se mire las características del servicio y las implicaciones que tiene en materia de riesgo. El servicio de justicia es propicio a que se den los contagios.

La Judicatura indicó una serie de medidas para empezar a trabajar (virtualidad, uso de tapabocas, un aforo no superior a 20% ...), ¿consideraría que no son las correctas?
Un observador pasivo diría que si 20% va a trabajar, que si es por turnos y que si la regla general en los jueces va ser la virtualidad, eso está bien. Pero me parece que lo que habría que revisar es en esa fecha cómo van a estar los picos de contagio.

Yo no sé porque se ha querido creer que estábamos en paro, quizás son las referencias de paros anteriores, pero estamos es en una pandemia y lo que ha buscado todo el mundo es proteger a los funcionarios.

¿Un mayor uso de la digitalización va ayudar a la descongestión de la justicia?
En principio, hay que decir que la virtualidad es como la transición. A mí me parece que de aquí a diciembre hay que mentalizarse de que tiene que venir una transición y eso exige una nueva cultura. Yo creo que hay una resistencia a una nueva cultura y por eso las protestas. La gente quiere su servicio normalizado, pero este no puede darse por la exposición.

Sin embargo, la misma no va a descongestionar la justicia. La congestión se da porque por de cada 100.000 habitantes debería haber entre 60 a 65 jueces y en Colombia solo hay 11. Nosotros por eso paramos porque teníamos una gran cantidad de procesos judiciales , y es que los procesos van a ser los mismos, solo que van a estar digitalizados.