Giancarlo Marcenaro Domingo, 23 de septiembre de 2012

La SIC es una de las entidades más importantes en la consecución del objetivo principal trazado por el gobierno Santos de lograr la “prosperidad para todos”, en razón a que tiwne bajo su responsabilidad el buen funcionamiento del esquema de libre competencia, incluyendo las herramientas que le permiten corregir los abusos a que puede llevar un desarrollo sin controles de dicho esquema.

Eso es, precisamente, lo primero que tendrá que tener en cuenta el entrante funcionario: que su gestión constituirá un medio para alcanzar objetivos superiores, y no simplemente un instrumento para cumplir estrictamente las funciones que por ley debe cumplir. Se impone la necesidad que el nuevo Super entienda el momento económico que vive el país, en especial, de una parte, la importancia de contribuir al fortalecimiento del aparato productivo, para que pueda afrontar con éxito la apertura de los mercados generada por la suscripción de TLC, y, de otra, garantizar reglas de juego claras a las empresas de nuestros socios comerciales. Por ejemplo, en materia de competencia, es necesario no desfallecer en los esfuerzos, desplegados por el saliente superintendente y las anteriores administraciones, de impedir que se configuren abusos de posición dominante y evitar las prácticas restrictivas de la competencia, lo que garantizará un entorno transparente y adecuado para que tanto empresas nacionales como extranjeras puedan adelantar con tranquilidad y eficiencia su actividad generando empleo y, por tanto, riqueza y bienestar. En protección al consumidor es importante considerar que no existe mejor mecanismo que un eficiente, fluido y transparente funcionamiento del sistema de libre competencia, acompañado, claro está, de intensas campañas de sensibilización y prevención (que deben surgir desde la entidad), que tengan como objetivo una armónica convivencia entre proveedores y consumidores. El elemento sancionatorio del que dispone la Superintendencia, claro que debe seguir siendo manejado, pero sin que se convierta, como ha pasado, en un desincentivo para hacer empresa en Colombia. Debe primar el componente preventivo y de capacitación, sobre el represivo que tanto daño puede causar sin que se logren los objetivos perseguidos de protección del consumidor. Un manejo específico y direccionado de las diferentes figuras de la propiedad industrial, puede generar inmensos beneficios al sector productivo nacional, haciéndolo más eficiente y, por ende, más competitivo. Para ello, deberá destinar gran parte de los recursos de que se disponga en campañas de capacitación dirigidas a empresarios, investigadores y funcionarios gubernamentales. Deberá enfatizarse en que se difundan las diferentes maneras en que se puede utilizar el sistema de patentes promoviéndolo como la más importante fuente de información tecnológica, y no sobraría revisar los criterios que actualmente utiliza la entidad para conceder patentes de invención (hay quienes consideran que se han flexibilizado demasiado), pues ello puede tener repercusiones adversas a la industria.El tema de reglamentos técnicos es vital para la competitividad y será necesario fortalecer campañas de control y prevención, con miras a beneficiar a los empresarios nacionales y, de paso, proteger a los consumidores. Finalmente, las facultades jurisdiccionales de la superintendencia deberán ser ejercidas de tal manera que contribuyan a propiciar una cultura de respeto a la competencia y a la propiedad industrial, cumpliendo, a la vez, funciones represivas (las menos importantes), y, simultáneamente, un efecto preventivo.