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Colprensa viernes, 23 de noviembre de 2012

El ex alcalde Samuel Moreno solicitó por segunda vez que se aplace la diligencia en la que se le imputarán dos nuevos delitos por el ‘carrusel’ de la contratación, esta vez la razón es que su abogado de confianza tiene incapacidad médica.

Pese a que en la sala había un defensor público el ex mandatario capitalino indicó que su deseo es tener un abogado pagado por él y a quién le entregó el poder está enfermo.

“No es mi deseo que un defensor público me asista en esta audiencia. El viernes pasado hubo en estas mismas instalaciones una audiencia similar a esta y se dejó la constancia que yo no renunciaba al derecho Constitucional de tener un defensor de confianza y precisamente designé poder al doctor Jesús Vergara Padilla”, aseguró.

Según el fiscal delegado ante la Corte Juan Vicente Valbuena a Moreno se le informó desde hace varios días de la realización de la diligencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento.

“Desde el día 16 del presente mes fue notificado el doctor Samuel moreno sobre la celebración de intento de audiencia de imputación y de medida de aseguramiento. La primera fue suspendida, argumentando que estaban ocupados los tres defensores en el otro proceso y ante esto la Fiscalía le solicitó que iba a pedir la presencia de la defensoría pública, en consecuencia que no puede constituirse en un acto de dilación”, señaló el fiscal. Añadió el representante del ente investigador que la juez a quien le correspondió por reparto el caso hace una semana, le hizo la advertencia a Moreno que si volvía a ocurrir que no tuviera abogado sería representado por un defensor público.

El representante de la Procuraduría, Jorge San Juan señaló que es justo el aplazamiento porque el defensor está enfermo, pero que es la Fiscalía la dueña de la acción penal en este tipo de audiencias. Finalmente, el juez 38 de garantías señaló que es necesario aplazar la audiencia para brindarle las garantías al procesado. “Se presentó una incapacidad médica y nadie está exenta de ella y es justo. En cuanto a que la diligencia se realice el día lunes, esta presidencia no está facultada para fijar fechas, esto solo le compete a los homólogos de conocimiento (…) esta presidencia de ve imposibilitada de realizar esta diligencia para no vulnerar el sagrado derecho de defensa”, señaló. Las conductas punibles que serán imputadas al exacalde de Bogotá son peculado por apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir, y también solicitaría medida de aseguramiento.

El delito de peculado sería de $190 mil millones por la ejecución irregular de la fase III de TransMIlenio, mientras la Fiscalía cuenta con 50 pruebas para solicitar la medida privativa de la libertad.

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