Lupa a las concesiones portuarias del país

De acuerdo con el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón “se trata de optimizar y hacer oportunas nuestras intervenciones, dado que la evaluación realizada en los últimos años por la CGR apenas se ocupó de 11 de las 55 concesiones portuarias y, además, el último estudio realizado al sector portuario data de 2010”.

Según Maya “igual pasa con el control micro que se ha realizado al sector, precario y limitado en número de intervenciones pero no por ello menos útil, pues por ejemplo si bien apenas se han desarrollado actuaciones de control sobre 12 de los 90 permisos portuarios existentes, ello sirvió para detectar presuntos detrimentos al patrimonio público que ascendían a los $483.762 millones”. El Contralor afirmó que “tal información fue utilizada por la Agencia Nacional de Infraestructura y CorMagdalena para desarrollar acciones correctivas que les permitieron renegociaciones a favor de los intereses del Estado por $13.600 millones, suma que a todas luces resulta irrisoria dada la magnitud de las cifras del sector”.

Maya Villazón contó que “un reciente análisis realizado desde las Contralorías Delegadas para el Sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones y la Delegada para el Medio Ambiente, ha señalado la necesidad no sólo de incrementar el número de actuaciones de control y vigilancia sobre el desarrollo de políticas públicas en materia portuaria, sino de cualificar y ampliar el alcance de las mismas”.

Según el contralor “se ha encontrado que en algunas concesiones las inversiones a que están obligados los concesionarios, se han hecho hasta con 9 años de retraso, y sin embargo, el concesionario ha hecho los descuentos o deducciones de la contraprestación monetaria según los plazos pactados, lo que se traduce en la apropiación indebida de recursos que solo pueden descontar una vez construidas las correspondientes obras”.

Otra situación que según el contralor genera preocupación es que “la concesión supone la autorización que el Estado le da al concesionario para  utilizar, de forma temporal y exclusiva, una específica línea de playa, terrenos de bajamar y zonas accesorias, para la construcción y operación del correspondiente puerto, por lo que debe pagar una contraprestación económica de la cual deduce el costo de las inversiones pactadas”.