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  • Colprensa

miércoles, 5 de noviembre de 2014

El alto tribunal rechazó un recurso de aclaración radicado por la defensa del jurista en contra del fallo que había sido proferido el pasado 25 de junio. 

La decisión se tomó tras una ardua discusión que inició a las 9:00 a.m. de este miércoles y finalizó a la 1:00 p.m. con una votación de 22 contra 1. También ordenó la Sala que Ricaurte debe acatar el fallo de manera inmediata. 

Con esta determinación al magistrado no le queda otra salida para mantenerse en la Judicatura. 

De igual forma, con la decisión de los consejeros de Estado se sienta un precedente para desmontar la denominada ‘puerta giratoria’ que existe en las elecciones de las altas Cortes. 

Duro de sacar 
El pasado 25 de junio con una votación de 17 votos a favor y 5 en contra los magistrados del Consejo de Estado acogieron la ponencia de la consejera Susana Buitrago quien sustentó la nulidad de la elección de Ricaurte por presuntas irregularidades en ese proceso. 

"La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con una mayoría de 17 votos frente a 5 tomó la decisión de anular la elección del doctor Francisco Javier Ricaurte como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura", afirmó en su momento la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso. 

Ese día, la Sala Plena derrotó la ponencia de la magistrada Susana Buitrago, quien lanzaba un salvavidas a Ricaurte, decretando la nulidad de su elección pero solo hasta que el Congreso regulara el tema de la elección de los magistrados de las altas cortes. 

La demanda de nulidad fue interpuesta por los juristas Rodrigo Uprimny, Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco, argumentando que la Corte Suprema de Justicia actuó de forma irregular al elegir a Ricaurte, ya que él, cuando hacía parte de esa Corte, participó en la elección de varios de los juristas que terminaron eligiéndolo. 

Los demandantes recalcaron que de acuerdo con las actas de elección de Ricaurte, 15 de los 16 magistrados que votaron por él en noviembre de 2012 habían sido a su vez elegidos magistrados en sesiones en las que él intervino como magistrado de la Corte Suprema. 

“Si la Constitución prohíbe a un funcionario usar su poder de designación para nombrar a familiares de quien intervino en su propia elección, con mayor razón, le está prohibido nombrar a la persona que directamente intervino en su designación”, señalaba la demanda. 

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