sábado, 10 de febrero de 2018
Las investigaciones iniciaron después del derrumbamiento del edificio Blas de Lezo
María de las Nieves Quiroz se entregó a las autoridades después de que un juez de Cartagena enviara a la cárcel a cinco integrantes del grupo de constructores de edificio Blas de Lezo; el cual se derrumbó en abril de 2017.
Quirzo es investigada por la construcción ilegal de 16 edificios en Cartagena. En una diligencia judicial practicada a las 6:00 p.m. se hizo efectiva la orden de captura por su presunta responsabilidad en el caso más conocida Castillos de Arena.
El ente investigador dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde indicó el momento de la entrega.
En el marco de la investigación, la Fiscalía expuso varios audios como material probatorio en los que se evidencian las serias intenciones de la familia Quiroz de seguir evadiendo a la Curaduría Urbana para “acomodar” más edificios.
Otros de los implicados y detenidos son Juan Carlos Quiroz Luna, Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Emis Quiroz Ruiz, Eusebio Rivera Quiroz, Dagoberto Quiroz Ruiz y Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas.
Acciones de las autoridades
Después de un detallado análisis en el que participaron el alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek; el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo; el superintendente Financiero, Jorge Castaño, y representantes de la Defensoría del Pueblo; y autoridades locales, se hizo un balance de las acciones que se han realizado y las que se pondrán en marcha sobre la atención a las víctimas de constructores ilegales en Cartagena.
En el encuentro en Bogotá, se concluyó que la Fiscalía continuará adelantando sus funciones para que las investigaciones aclaren toda la verdad respecto a las construcciones ilegales, la Procuraduría continuará trabajando según lo estipulado en el Plan de Normalización Urbanística, que comenzó el año pasado.
La Superintendencia de Industria y Comercio ya ha emitido resoluciones de subsidio de arrendamiento y embargo a los bienes de los involucrados en la construcción de estos edificios ilegales. La Superintendencia Financiera continuará ayudando junto con la Defensoría del Pueblo a los habitantes en la intermediación con los bancos, mientras que la Superintendencia de Notariado continuará sus investigaciones a las actuaciones de notarios, registro público y curadores. Así mismo, seguirá revisando las licencias de construcción otorgadas.
Con información de Colprensa
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