De acuerdo con el magistrado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que ese tipo de medidas deben ser atendidas y que no se puede determinar que un derecho fundamental es más importante que otro.
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La sanción se origina a partir de las quejas presentadas por la señora María Stella Hernández, quien solicitó la intervención del Ministerio Público ante la Dirección Territorial Meta del Igac
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