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Ripe lunes, 28 de enero de 2013

Incendios digitales. Así llaman los expertos a las crisis, generalmente de imagen, que se desatan en Internet, que se extienden como la pólvora gracias a las redes sociales y que pueden costar millones a las empresas afectadas, y hasta años de cárcel a los pirómanos que los inician.

Noticias falsas para manipular la cotización en bolsa de una compañía o rumores inventados para alterar el precio del petróleo. El problema es tan serio, que los expertos reunidos estos días en el Foro Económico Mundial en Davos debaten cómo levantar un cerco legal a este peligro que afecta tanto a empresas como a particulares.
 
Por primera vez, el grupo de servicios profesionales Marsh & McLennan y la Universidad incluyeron los incendios digitales como una prioridad en el informe sobre Riesgos Globales que presentan en Davos. 
 
“El mayor peligro se produce en situaciones de alta tensión, en las que una información falsa o inexacta puede causar un gran daño antes de ser rectificada”, explica José María Elguero, director del Servicio de Estudios de Marsh.
 
El problema es que los gobiernos no se ponen de acuerdo a la hora de legislar en la Red. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo dependiente de la ONU, intentó en diciembre de 2012 revisar el reglamento para controlar las redes sociales, aunque con poco éxito. 
 
Varios países de la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá, entre otros, se negaron a aceptar una posible censura para regular Internet y evitar que algunos gobiernos autoritarios lo utilicen.
 
Pero, ¿cómo luchar contra un tuitero anónimo que puede provocar el pánico en el parqué? Eso fue lo que pasó hace cuatro meses, cuando alguien difundió el rumor de que, tras el paso del huracán Sandy, se había inundado la Bolsa de Nueva York, que supuestamente parecía una piscina con tres metros de profundidad. El organismo desmintió la información, al igual que la CNN. Sin embargo, “había gente que no estaba dispuesta a creer a la fuente original y fiable”, asegura Elguero.
 
El problema es que las redes sociales se han convertido en fuentes de confianza, no tanto por su credibilidad como por su cercanía. Aunque muchas compañías optan por ignorarlo, “no se debe subestimar el riesgo de conflicto debido a falsos rumores”, apunta el experto de Marsh. 
 
Aunque actuar internacionalmente es muy difícil, sí se pueden exigir responsabilidades en el país de origen. 
 
En noviembre del año pasado, la reconocida cadena de televisión, BBC, anunció que un político estaba involucrado en un caso de abuso de menores. Aunque la cadena británica no difundió su nombre, la identidad del político empezó a circular por Twitter. 
 
Finalmente, se demostró que era un error y el afectado, en lugar de perseguir a todos los usuarios de las redes sociales, logró que un tribunal condenara a la BBC a indemnizarle con 185.000 libras (220.000 euros).
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