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Legislación

Ministerios de Agricultura y Justicia solicitan ruta para activar Jurisdicción Agraria

La petición tiene el objetivo de definir una ruta institucional para la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural

19 de junio de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


Jorge Enrique Vallejo Jaramillo será el nuevo presidente del Consejo Superior de la Judicatura y Mary Lucero Novoa Moreno la vicepresidenta
Consejo Superior de la Judicatura
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Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Justicia y del Derecho de Colombia remitieron una solicitud oficial al Consejo Superior de la Judicatura para establecer una ruta institucional conjunta. El propósito de este requerimiento es la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural en el territorio nacional.

Esta iniciativa sectorial surge como un mecanismo para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los puntos 1.1.5 y 1.1.8 del Acuerdo Final de Paz. Estos apartados disponen la creación de una rama judicial especializada para la atención de los territorios rurales.

La solicitud formal fue dirigida a las magistradas Mary Lucero Novoa Moreno y Claudia Expósito Vélez, en sus condiciones de presidenta y vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura. El documento cuenta con las firmas de los titulares de ambas carteras ministeriales, Martha Viviana Carvajalino Villegas y Jorge Iván Cuervo Restrepo.

El sustento técnico de la petición se fundamenta en la necesidad de superar las limitaciones de acceso a la justicia que registra la población rural del país desde la promulgación de la Constitución Política de 1991. Con esta medida se busca un órgano técnico enfocado exclusivamente en la resolución de los conflictos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra.

Ambas entidades del Gobierno Nacional manifestaron su disposición para ofrecer el acompañamiento y apoyo técnico requerido durante el proceso de consolidación de este marco institucional.

La articulación entre las carteras del ejecutivo y el órgano de la judicatura busca asegurar una implementación progresiva que responda a las realidades de las regiones agrícolas.

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