Colprensa
jueves, 14 de septiembre de 2023
La Ley fue sancionada por el presidente Gustavo Petro en marzo, las madres deberán pagar su condena con trabajo comunitario
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó públicamente la Ley de Utilidad Pública y el decreto reglamentario que salió la semana pasada.
La Ley, que fue sancionada por el presidente Gustavo Petro en marzo y reglamentada por el Ministerio de Justicia recientemente, permite a madres cabeza de familia privadas de la libertad pagar su condena haciendo trabajo comunitario. Es histórica por ser la primera que contempla el servicio público de impacto social como alternativa para cumplir la pena de prisión.
Actualmente, el Ministerio y organizaciones no gubernamentales, como la Corporación Mujeres Libres, realizan pedagogía sobre la nueva ley. Se espera que en los próximos días, cuando las mujeres reclusas tengan más claros los requisitos, puedan realizar las solicitudes pertinentes para que la justicia evalúe quiénes pueden salir de prisión.
El jefe de la cartera de Justicia, indicó que 42% de las mujeres privadas de la libertad son cabeza de hogar y fueron condenadas en condiciones de marginalidad. La nueva normatividad busca que ese grupo, que podría ser de hasta 7.000 mujeres, pueda tener una alternativa a la cárcel que les permita reencontrarse con sus familias. “El programa consiste en que ellas pueden salir de la cárcel, por supuesto, previa valoración judicial, una a una, de su situación, y pagar la pena mediante labores de utilidad pública”, dijo Osuna.
Se trata de una norma que, según el jefe de la cartera de Justicia, llega a “una sociedad que es consciente de que los delitos se generan por las contradicciones, las injusticias y las violencias que hay dentro de sí misma; por la enorme desigualdad, por la enorme desprotección estatal”.
Osuna agregó que con esta Ley pretenden “cambiar el chip cultural de la sociedad, que piensa que el castigo cruel en una cárcel repara y restablece, por uno en el que sea, más bien, la verdadera reparación a la víctima, la reconciliación con la sociedad, la cesación en la actividad dañina, la que permita que se haga justicia”.
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