MinJusticia respondió a la solicitud del Tren de Aragua para hacer parte de la Paz Total
Montealegre, jefe de la cartera, aseguró que el país debe tener la tranquilidad de que no se permitirá que los grupos delincuenciales burlen la justicia
14 de octubre de 2025
Gaviria arremetió contra Petro por posible inclusión del Tren de Aragua en la Paz Total
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dio respuesta a la solicitud del Tren de Aragua de ser incluido en la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro y aseguró que no permitirá que los grupos armados se burlen de la justicia y se aprovechen de estos mecanismos para su propio beneficio.
De inicio, Montealegre ratificó que durante el gobierno de Petro, "se han expedido más de 450 resoluciones con fines de extradición, por hechos relativos al narcotráfico", las cuales ya se cumplieron. También aseguró que, de ese total, solo cuatro se han beneficiado con la suspensión de la extradición por ser gestores de paz.
El ministro explicó que el Estado, de la mano de la cartera de justicia y la Consejería de Paz, ha tomado las medidas necesarias para evitar que miembros de organizaciones delictivas se burlen de las órdenes de extradición, con base en la política de Paz Total. "El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes", ratificó.
En la petición que los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, quien es señalado como uno de los líderes del Tren de Aragua, dirigieron a la Oficina del alto comisionado para la Paz, plantearon al Gobierno al posibilidad de iniciar diálogos exploratorios con la organización y, en el marco de la Paz Total, suspender temporalmente las decisiones de extradición mientras se desarrollan dichos acercamientos.
De hecho, también pidió estudiar la designación de Álvarez como gestor de paz, con el fin de facilitar los acercamientos entre el Estado y el Tren de Aragua y construir una ruta hacia la desmovilización.
La iniciativa “no pretende desconocer las obligaciones internacionales del Estado ni las deudas con las víctimas”, sino aportar un proceso ordenado y verificable de desmantelamiento de la organización.
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