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Alejandro Pastrán viernes, 20 de agosto de 2021

La medida también cobija inmuebles y vehículos de todos los integrantes de la Unión Temporal tras la caducidad del contrato

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, anunció esta noche que ordenó el embargo de $70.000 millones sobre las cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y todos sus integrantes.

De acuerdo con la funcionaria, esa medida se tomó “procediendo con las facultades de la Ley” y luego de haberse declarado la caducidad del contrato por $1,07 billones.

El viernes 13 de agosto declaramos la caducidad al contratista UT Centros Poblados que debía conectar 7.000 colegios. Hoy, procediendo con las facultades de la Ley, decretamos embargo por más de $70 mil millones sobre cuentas bancarias,inmuebles y vehículos a la UT e integrantes. pic.twitter.com/qEfqYMQ2SF

— Karen Abudinen (@karenabudi) August 20, 2021

Desde el mismo 13 de agosto, día en que se declaró la caducidad del contrato, la ministra Abudinen había anunciado que iba a requerir a Centros Poblados para que devolviera los $70.000 millones del anticipo.

Así mismo, la ministra indicó que se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria en contra de la Unión Temporal por la suma de hasta $ 39.000 millones.

El Ministerio de las TIC declaró la caducidad del contrato luego de que se conociera que Centros Poblados presentó garantías falsas del Banco Itaú dentro del proceso, garantías con las que se anticiparon los $70.000 millones.

El Banco Itaú se pronunció y aseguró que “los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al MinTIC son falsos”.

Además, indicó que el banco no contrata intermediarios para la expedición de garantías bancarias, ya que la entidad atiende esos trámites directamente, a través de sus propias oficinas y funcionarios.

En los últimos días la Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio al apoderado del consorcio Centros Poblados por las irregularidades en la adjudicación del contrato para conectar a más de 7.468 colegios en las zonas rurales de 15 departamentos del país.

Se trata del abogado, Jorge Pino Ricci, apoderado de la Unión Temporal Centros Poblados, quien en el pasado argumentó violación al debido proceso argumentando que sólo un juez de la República puede determinar si las pólizas que se presentaron dentro del proceso licitatorio son falsas o no.

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