Miércoles, 25 de julio de 2012

En el discurso de posesión del 7 de agosto de 2010, el Presidente Santos señaló que su administración propone que Colombia se adhiera a la Convención Anti-Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: ‘una asociación de países comprometidos con la responsabilidad económica y las buenas prácticas, a la que aspiramos ingresar como un paso transcendental en nuestro compromiso contra la corrupción’.

Para alcanzar esta meta y atraer mayor inversión extranjera, Colombia deberá expedir una legislación nacional anti-corrupción aplicable a todas las personas naturales y jurídicas (incluyendo corporaciones) y que, en lo posible, resulte similar a la ley de los EE.UU., sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (el 'FCPA').

Aunque Colombia goza de notoriedad a nivel mundial para la realización de negocios, la visión internacional es, sin embargo, que la corrupción no ha desaparecido y esto puede desalentar la inversión extranjera. Gracias a algunas medidas tomadas por la presente administración, como la expedición de la ley 1474 de 2011 (Ley Anti-Corrupción), esta imagen negativa tiende a desaparecer, pues con ella, Colombia adopta las propuestas de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (la 'Convención') a la cual pertenecen algunos de los países que lideran la economía mundial. Esta circunstancia tendría un impacto significativo para Colombia en su propósito de atraer inversión extranjera, especialmente de los Estados Unidos. Argentina, Brasil, Chile y México ya son miembros de la Convención y es hora que Colombia lo sea.

Estados Unidos aprobó la FCPA, en 1977, para 'desalentar las prácticas corruptas en los negocios en favor de mercados libres y equitativos. La FCPA prohíbe prometer, ofrecer, dar o autorizar dádivas a un funcionario público extranjero con el propósito de lograr o retener un negocio'.

Esta Ley se aplica a todas las personas naturales y jurídicas, incluyendo corporaciones. Entre las sanciones por violar la FCPA, se incluyen altas multas, la posibilidad de no ser admitido a participar en las licitaciones públicas para los contratos con el gobierno de los Estados Unidos, y en algunos casos, incluso sanciones penales.

En 1997, 33 países se unieron a la Convención, comprometiéndose a expedir legislaciones anti-corrupción similares a la FCPA. Los negocios en todo el mundo se rigen actualmente por las medidas anti-corrupción, y la inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos multinacionales es frecuente. Las compañías que vienen acatando dichas normas, en especial las estadounidenses y europeas, tienden a ser atraídas por las oportunidades de negocios en países donde ya existe una legislación anti-corrupción.

Si bien la lucha contra la corrupción se ha intensificado, la ley anti-corrupción expedida en 2011 se queda corta, ya que esta lucha debe ser una política nacional. En efecto, algunas entidades gubernamentales aún tienen la responsabilidad de crear sus propias políticas contra la corrupción y el soborno. Esto significa que cada entidad gubernamental puede tener sus propias y únicas políticas, y que las mismas pueden diferir las unas de las otras.

Colombia ocupa hoy el puesto número 42 en el mundo por la facilidad que existe para hacer negocios. Con el fin de mejorar en la lista se deberá adoptar una política nacional que se ajuste a las pautas de la Convención.

Meghan Waters

Área de fusiones y adquisiciones de Prietocarrizosa