Niegan tutela a Bernardo Moreno que buscaba tumbar condena por "yidispolítica"

La Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó por unanimidad la improcedencia de la acción de tutela instaurada por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Bernardo Moreno, con la cual pretendía anular su condena por el escándalo de corrupción de la 'Yidispolítica', respaldando así las sentencias previas de las salas Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia y poniendo fin a una intensa controversia entre ambos tribunales sobre la autonomía de la jurisdicción ordinaria.

Mediante la Sentencia SU-060 de 2026, la corporación concluyó con una votación de ocho contra cero que la Sala Especial de Primera Instancia y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema actuaron ajustadas a derecho al condenar al exfuncionario.

Moreno fue sentenciado inicialmente en octubre de 2023 a cinco años y siete meses de prisión, multa y 82 meses de inhabilitación por el delito de tráfico de influencias, al comprobarse que utilizó su cargo para manipular nombramientos en el Sena, la Red de Solidaridad Social y varias notarías.

El objetivo de estas maniobras fue entregar dádivas a personas cercanas a la entonces congresista Yidis Medina, garantizando así su voto favorable para aprobar la reelección del entonces presidente, Álvaro Uribe, un entramado ilegal por el que también fueron sentenciados a la par el exministro Sabas Pretelt y el excongresista Teodolindo Avendaño.

La revisión de este expediente desató en septiembre de 2025 un fuerte reclamo de la Corte Suprema de Justicia contra la Corte Constitucional. La disputa comenzó cuando el magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés, solicitó conceptos a instituciones académicas privadas para reevaluar los argumentos penales de la condena contra Moreno, específicamente sobre la figura del delito continuado.

Ante esto, la Sala Penal de la Corte Suprema protestó por considerar inaceptable que entidades particulares escruten sus fallos. En representación de este alto tribunal, la magistrada Myriam Ávila señaló que dicha medida "no solo constituye un desacierto probatorio evidente sino que puede tener un impacto negativo, muy significativo, en la doctrina de la tutela contra providencias judiciales".

Frente a esa intromisión, la Corte Suprema de Justicia explicó que los jueces son los expertos en la materia y que permitir la intervención de terceros para validar si una decisión fue acertada vulnera su autonomía.

El máximo tribunal penal concluyó en un documento oficial que someter sus sentencias al escrutinio de privados "significa desconocer toda esa estructura constitucional, comporta una afrenta a la independencia de la Corte en sus decisiones y a su dignidad y jerarquía". Pese a los reclamos de la defensa de Moreno, que argumentaba la aplicación indebida de un aumento de pena para evitar la prescripción, la tutela fue rechazada definitivamente.

El exdirector del Dapre permanece en detención domiciliaria desde febrero de 2025 por ser mayor de 65 años y presentar una probabilidad mínima de reincidencia, pero su panorama judicial incluye también su responsabilidad directa en el escándalo de las interceptaciones ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

En mayo de 2025, la Corte Suprema ratificó su condena y de la exdirectora de esa agencia de inteligencia María del Pilar Hurtado, tras comprobar que ambos acordaron realizar seguimientos y campañas de desprestigio contra magistrados y opositores políticos entre 2007 y 2008.

Por estos mismos hechos, el Consejo de Estado le ordenó en enero de 2026 pagar más de $354 millones de su propio patrimonio para resarcir al Estado. Esta sanción económica obedece a que el Gobierno tuvo que indemnizar previamente al exmagistrado Sigifredo Espinosa Pérez, luego de que se demostrara que Moreno impartió instrucciones ejecutivas para infiltrar la Sala Plena de la Corte Suprema, instalando dispositivos de grabación y reclutando personal interno con dineros de los gastos reservados.