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Colprensa viernes, 3 de abril de 2015

Al frente de la misma, desde el inicio de su trámite, está el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien hoy asegura que está confiado en que es una reforma buena y que cuando salga en junio próximo tendrá más cosas positivas que los críticos a la misma han querido demeritarla. 

Cristo defiende los cambios, en especial los referentes a la creación de la Comisión de Aforados y el alcance de la misma, como también la seguridad de la independencia de las ramas. 

También, en entrevista con Colprensa, habla de la controversial propuesta del presidente Juan Manuel Santos sobre eliminar la prohibición que tienen los alcaldes y gobernadores para ejecutar inversiones durante la época electoral debido a la Ley de Garantías. 

Así va la reforma

¿Le pasó la semana de 'pasión' y críticas a la reforma del equilibrio de poderes o aún vienen días difíciles? 
La reforma ya logró unos amplios consensos en el Congreso y en la opinión pública, quienes en algún momento dudaban de la necesidad de la reforma y pretendían limitar a un sólo articulito que eliminara la figura de la reelección, creo que ya se han convencido que el país necesita un ajuste institucional fuerte, que se necesita recuperar la confianza de la ciudadanía no sólo en la justicia, en el Congreso también, en la eficacia del Poder Ejecutivo y que nosotros no podemos quedarnos sentados viendo como nuestras instituciones se desacreditan frente a la opinión pública. 
No hay duda que en junio estaremos entregando una reforma al equilibrio de poderes, un ajuste institucional que esperamos sea lo más útil posible con la participación de todos los sectores políticos y sociales del país. 

¿Si será una reforma concertada con todos los sectores políticos, incluso con el uribismo, que sigue siendo tan crítico? 
La coyuntura nos exige acuerdos, que nos movilicemos alrededor de unas ideas centrales que permitan recuperar la credibilidad y legitimidad en las instituciones frente a la ciudadanía en general. Ese debe ser un objetivo de todos, no solamente del Gobierno, por eso nosotros celebramos la forma como logramos avanzar con la Alianza Verde en un acuerdo entorno a la reforma y creemos que es posible hacerlo con el Polo Democrático y con el Centro Democrático durante las discusiones en el Congreso, y el gobierno estará abierto a buscar y generar esos consensos sobre dos conceptos: Primero no incluir ningún tema nuevo a la reforma, blindarla de que se aproveche esta coyuntura para convertirla para atacar a una de las ramas del poder público, y en segundo aspecto, la necesidad, sin duda alguna, de fortalecer el sistema de gobierno de la rama judicial. 

¿Por qué la preocupación del Gobierno que en este momento se pueda usar la reforma para atacar a la Justicia? 
Porque creemos que la reforma no debe ser coyuntural, no debe ser de episodio, no podemos permitir que algunos pesquen en río revuelto en un momento lamentable para la justicia colombiana con este episodio del magistrado Pretelt, que no se puede generalizar, esto no puede terminar en un colapso de la rama, se debe cumplir con el debido proceso, garantizar el derecho a la defensa, mientras tanto debemos avanzar en esas reformas que se necesitan. Esos cantos de sirena de revocatoria de todas las cortes, de asambleas constituyentes no le suenan al Gobierno Nacional, no las considera conveniente. 

¿Qué le responde a quiénes dicen, incluso desde el uribismo, que buena parte de la crisis la creó el gobierno por el interés de poner a los magistrados que llegarán en los próximos meses? 
Esa es una tesis traída de los cabellos y tan fuera de lugar que no merece mayor respuesta ni mayor explicación. La debilidad se cae de su peso porque precisamente el gobierno lo que ha dicho es que no se puede revocar la Corte, si tuviera algún interés estaría pendiente de nombrar a los magistrados, los tendrá que ternar el Presidente durante su periodo en algún momento. 

¿Es perfecta la fórmula que se consiguió o se puede mejorar? 
Lo perfecto es enemigo de lo bueno, no podemos cantar victoria y decir que ya hay una fórmula perfecta, pero si creo que avanzamos muchísimo y es la fórmula más adecuada que hemos concebido para el tribunal de aforados, porque permite garantizar que no haya impunidad para los altos aforados, y al mismo tiempo garantizar la autonomía e independencia de la rama judicial, cuando señalamos que se separa la responsabilidad política de la penal, que el tribunal no sólo puede investigar sino también acusar y se fija unos términos para el proceso, estamos estableciendo un mecanismo que será útil y eficaz para el futuro, y al mismo tiempo cuando el juzgamiento lo hace la Corte Suprema y no el propio tribunal y cuando se garantiza que a los aforados se les investigará por su conducta y no por las providencias que dicten, estamos garantizando y respetando la independencia de la rama. 

¿Por qué al Gobierno no le gusta como quedó en la ponencia para que el Ministro de Justicia esté en el consejo de gobierno de la Justicia? 
Porque creemos que es muy importante no dejar la más mínima sospecha de que el gobierno en esta reforma no pretende, de ninguna manera, invadir la esfera de la administración de justicia. Hay que preservar a toda la prueba esa independencia. 

¿Qué modificaciones nuevas en el tema político vienen para el segundo debate? 
Básicamente que se garantiza la representación de las regiones menos pobladas en el Senado de la República, ya no por el número de habitantes sino agrupando cuatro regiones. Queda la Amazonía que es Amazonas, Caquetá y Putumayo con curul en el Senado, de otro lado Arauca y Casanare otra, quedan también Vaupés, Guainía, Vichada y Guaviare otra curul y una última para el departamento de San Andrés y Providencia, sin afectar en exceso la circunscripción nacional. 

¿Cómo se condiciona a futuro la aplicación de la lista cerrada? 
Se condiciona la aplicación de ese mecanismo a que más adelante y en acuerdo con todos los partidos e impulsado por el Gobierno Nacional garantizar mediante ley estatutaria que la implementación de la lista cerrada de ninguna manera va a significar el regreso del bolígrafo a la política. 

Agenda legislativa

¿Se habló que venían varios temas en la agenda legislativa, al fin a qué le apostará en estas sesiones del Congreso el Gobierno? 
Son pocos temas pero de mayor trascendencia. Las prioridades del gobierno son equilibrio de poderes, plan nacional de desarrollo, reforma al fuero penal militar, ley de acceso a la tierra y código de convivencia y seguridad. También está en la Cámara de Representantes la ley anticontrabando, que tiene prioridad para el gobierno. Hay otra ley importante, que es de la Fiscalía, pero que apoya el gobierno y es la que garantiza la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas en la Corte Suprema de Justicia. 

¿Por que la ley de convivencia, que es tan importante, está relegada? 
Es un código complejo, significa modificar el código de Policía del año 70, ha tenido un gran debate interno en el Gobierno para tratar de hacerlo más eficaz y le permita dotar a las autoridades de instrumentos para atacar especialmente a los delitos que están afectando a la ciudadanía en los centros urbanos del país, el atraco, la extorsión, entre otros, pero vamos a comenzar el debate en la Comisión I del Senado. 

Ley de garantías

¿Por qué seguir adelante con la propuesta de habilitar gasto a los alcaldes y gobernadores en época electoral y modificar la ley de garantías? 
Hay que precisar, no se trata de derogar la Ley de Garantías, es un catálogo de garantías para la celebración de elecciones y esa ley está vigente y seguirá. Hay un artículo en esa ley que impide que mantengamos el ritmo de ejecución de los recursos de la nación en los territorios, porque fija un tiempo de veda para la suscripción de convenios interadministrativos entre la nación y departamentos o municipios. 
Esa es la situación que el Presidente anunció que debemos superar para seguir con ese ritmo de inversión, que ha sido muy importante para las regiones. Si se pone la fecha del 25 de junio, como tope para su ejecución, de pronto lo que se logra es provocar un mayor desorden en la administración pública en el afán de que hay que firmar los convenios antes de ese día, los podríamos hacer de manera continúa durante todo este tiempo y no le vemos porque tendría que surgir un inconveniente. 

¿Pero esto no es un afán electorero que le viene al gobierno, así como se lo dicen los críticos? 
No vemos cuál es el afán electorero, es un afán de una medida anticíclica para la economía, es un afán de cumplir a los departamentos y municipios con compromisos que ha asumido el gobierno y que no entendemos porqué no se puedan cumplir durante esta época cuando el presidente no está en campaña para la reelección. 

Los principales cambios que van con la reforma 

1. Se elimina la reelección del Presidente de la República, Procurador, Defensor, Registrador y Consejo Nacional Electoral. 

2. Se fortalece la oposición a nivel nacional y territorial, con la curul para los segundos en votación de presidente, gobernador y alcalde. 

3. Se amplía la aplicación de la sanción de la silla vacía para los miembros de corporaciones públicas, condenados por delitos contra la administración pública. 

4. Se garantiza una curul en la Cámara de Representantes para los raizales de las islas de San Andrés y Providencia. 

5. Se garantiza curul en el Senado para los departamentos que antes eran los antiguos territorios nacionales que nunca han tenido vocería en el Senado. 

6. Se elimina el voto preferente y se fortalece su aplicación a una ley estatutaria que garantice los mecanismos democráticos para la integración de esas listas. 

7. Se prohíbe expresamente el yo me elijo tu me elijes entre magistrados de altas cortes y también con los órganos de control. 

8. Se obliga a que toda la elección en corporaciones públicas deba tener previamente una convocatoria pública para asegurar control social y transparencia en la elección. 

9. Se elimina la Comisión de Acusación y se crea una Comisión de Aforados. Se separa claramente la responsabilidad política de la penal y se simplifican trámites. 

10. Se establece como norma general la meritocracia para la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 

11. Se aumentan requisitos, calidades y condiciones para la elección de magistrados de las cortes. 

12. Se inhabilita a los magistrados que salen de una corte para litigar ante la misma por un término de 5 años. 

13. Se elimina el Consejo Superior de Judicatura y se crea un nuevo sistema de gobierno y administración de la rama, con expertos en administración pública y no salas de magistrados. Se crea la Dirección de la Magistratura. 

14. Se elimina la Sala de Dirección del Consejo de la Judicatura y se crea el Tribunal Disciplinario que no conocerá tutelas. 

15 El contralor general no será postulado por las cortes ni los territoriales por los tribunales. 

16. Las cortes no postularán nombres para Procurador General de la Nación a partir del 7 de agosto de 2018. 

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