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Jse Miguel De la Calle domingo, 25 de mayo de 2014

Después de que en los años 80 las farmacéuticas fueron presionadas por la opinión pública para expandir sus investigaciones en HIV, malaria y tuberculosis, lo que permitió una reducción del precio de los anti-retrovirales de 12.000 a 200 dólares por año, se ha retornado a una tendencia alcista de los precios de los medicamentos esenciales, al punto que hoy la segunda generación de anti-retrovirales vale 10 veces lo que sus pares de primera generación.

El progreso en la esperanza de vida en los países emergentes ha provocado que hoy en día exista un crecimiento de la participación de las enfermedades no contagiosas, como el cáncer, la diabetes y el ataque cardiaco, enfermedades que no están recibiendo casi ninguna ayuda internacional y que son responsables de 70% de las muertes o discapacidades en Latinoamérica, como se señala por la OMS.

En efecto, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (Global Burden Desese Study, 2013), 90% de las inversiones en desarrollo e innovación que realizan los grandes laboratorios se orientan a la investigación de las enfermedades que aquejan mayormente a los países desarrollados. Según el estudio, sólo 6% de los 28.2 billones de dinero mundial para asistencia en salud se dedica a las enfermedades no contagiosas. Por cada dólar en estas enfermedades se destinan más de 300 dólares en malaria y HIV. La razón: los grandes fondos no quieren subsidiar el costo de estas enfermedades porque consideran que son padecimientos que se pueden evitar con mejores hábitos de comportamiento, olvidando que también su incidencia se debe a la falta de educación y nutrición propia de los países pobres.

En ese contexto, países como Colombia llevan una carga muy onerosa: se ven en el deber de respetar con rigor el régimen de patentes, forzando a sus habitantes a pagar en ocasiones los precios más altos por medicamentos esenciales, mientras que la innovación y los subsidios se encauzan a otros países o a enfermedades que no son típicas de nuestras regiones ni son las de mayor incidencia actual (De 1.400 farmacéuticos aprobados para el uso humano entre 1975 y 1999, menos de 40 fueron producidos para enfermedades típicas de los países en desarrollo (Revista Newsweek, 6 de mayo de 2013. Artículo del investigador del Consejo de Relaciones Internacionales Thomas Bollyky).

Ahora bien, la Decisión 486 de 2000 regula la figura de la licencia obligatoria, que está también reconocida en muchas otras legislaciones, en virtud de la cual, los titulares de la patente sobre un principio activo que es esencial para la salud púbica pueden quedar obligados por orden del gobierno a permitir su explotación temporal. No obstante, como lo señala la editora de salud de la Revista Newsweek, Jessica Bennett, en artículo referido en la misma revista (Mayo 2007), el choque de posiciones está al rojo vivo, puesto que en muchas ocasiones la utilización efectiva de los mecanismos legales previstos, como el de las licencias obligatorias, se hace muy difícil por la presión jurídica y política que ejercen los laboratorios para impedir que se expida una orden de estas.

Basta ver que entre los años 2001 al 2005, entre todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio sólo se ha decretado 17 licencias obligatorias (Bollyky).

Hace poco tiempo, la Corte Suprema de India denegó el otorgamiento de una patente  sobre la droga Gleevec, una droga para la leucemia que por esa decisión pasó de costar 70.000 a US$2.500 por año. Indonesia, siguió sus pasos otorgando una licencia obligatoria que autoriza a los farmacéuticos locales a producir versiones genéricas para el cáncer de hígado y el tratamiento de Hepatitis B. China y Filipinas cambiaron sus leyes para hacer más sencillo el otorgamiento de licencias obligatorias. Brasil y Sudáfrica están explorando un camino similar.

La Fundación del ex presidente Bill Clinton ha intercedido en esta problemática anunciando un acuerdo entre dos productores de farmacéuticos genéricos de la India para producir medicinas para el HIV a un costo que puede ser inferior a 50% del costo actual de mercado.

El conocido Juez americano Richard Posner ha sido un permanente crítico del sistema de propiedad industrial, porque el costo de la innovación es muy variable en cada industria y cada producto por lo que, en su sentir, no se justifica que exista un único régimen de vigencia de las patentes para todos los productos y servicios.

El sistema de propiedad industrial es un ámbito jurídicamente controlado al que no entra la libre competencia, razón por la cual no se reciben de forma natural los beneficios típicos de la competencia, como son la reducción de los precios y la mejora de la calidad. Es por ello, que dicho sistema debe ser permanentemente revisado y modulado para asegurar el balance correcto entre la necesidad de promover la investigación y el derecho de los consumidores de tener acceso abierto a los productos al menor costo posible.

Precisamente, la nueva directora de la OMS Margaret Chan dijo recientemente que es necesario buscar un justo balance al problema.

Entre las ideas que se han planteado, varias merecen ser destacadas. Por una parte, y en relación con las licencias obligatorias, algunos han señalado que, a fin de que dicho mecanismo tenga menos resistencia de parte de los grandes laboratorios, su efecto se debe limitar no a toda la geografía de un país, sino, de forma selectiva, a los enfermos que carecen de medios económicos para sustentar el pago del medicamento.  Asimismo, se ve con buenos ojos la iniciativa que adelanta la Federal Drug Administration de los Estados Unidos (Critical Path Initiative) que busca mejorar la productividad y bajar los costos de los grandes proyectos de investigación de las farmacéuticas. De igual forma, se está hablando con fuerza de promover la firma de un nuevo tratado mundial que asegure que la mayor parte de los recursos internacionales se destinen a la investigación de las enfermedades propias de los países pobres, de manera que se justifique que dichos países mantengan el respeto por las normas de propiedad industrial. Por último y tomando las palabras del Juez Posner, es válido intentar una modulación del tiempo de vigencia de las patentes para que sea diferencial, según las necesidades de cada grupo de productos o cada sector de la economía.

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