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Actualidad

Nueva ponencia en caso Petro se conocería en cuatro días

26 de febrero de 2014

Colprensa


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El limbo jurídico del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, continúa. El mandatario local deberá esperar al menos dos semanas mientras se elabora una nueva ponencia y se vota y firma finalmente la decisión en el caso de la tutela con la cual el mandatario busca tumbar la destitución e inhabilidad por 15 años que le impuso la Procuraduría General de la Nación.

Tras haberse derrotado la ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, el magistrado Alfonso Vargas Rincón presentará en cuatro días una ponencia que recoge los planteamientos de la decisión tomada en Sala Plena el martes anterior.

Así, se espera que la Corporación se vuelva a reunir para votar el nuevo texto, procedimiento que es solo un formalismo pues ya el sentido de la decisión fue tomado y es claro: que Petro debía presentar una acción de nulidad de restablecimiento de derecho que, de acuerdo al nuevo Código Contencioso Administrativo, tiene unas medidas cautelares de carácter urgente y que protegen los derechos presuntamente afectados.

Así lo explicó la presidenta del Consejo de Estado, magistrada María Claudia Rojas Lasso, al indicar que en estos casos la tutela era un mecanismo de protección subsidiario.

No obstante, ya el alcalde Petro cuestionó el que la nueva ponencia la deba realizar el magistrado Vargas Rincón, quien fue magistrado auxiliar de Alejandro Ordóñez cuando éste era consejero de Estado y quien no se declaró impedido en este proceso.

“Nueva ponencia que recorta opción de la tutela cómo instrumento para defender derechos políticos, la hará quien es amigo íntimo de Ordóñez”, indicó Petro a través de su cuenta en Twitter.

En ese sentido, cabe recordar que por ese motivo el magistrado Vargas fue recusado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No obstante, de acuerdo con juristas consultados, si ya el magistrado Vargas Rincón no presentó el impedimento para la Sala Plena, no es probable que lo haga ahora.

Entre tanto, el abogado de Petro, Héctor Carvajal, señaló que en la tarde de este martes definirán si presentan un recurso de nulidad a la determinación de la Sala Plena.

En la reunión en la Alcaldía de Bogotá se definirá el momento oportuno para presentar dicha acción pues, en todo caso, deben esperar a que salga la sentencia definitiva y firmada para conocerla.

Carvajal señaló que igualmente tienen lista la acción de nulidad y restablecimiento de derecho pero estimó que, contrario a lo dicho por el Consejo de Estado, no se trata de una acción que brinde mayores garantías. “La demanda de nulidad, para poderla presentar, tiene como requisito que el alcalde le solicite nuevamente al Procurador General de la Nación, una conciliación, y el Procurador tiene tres meses para resolverla. Eso significa que presentada la conciliación queda nuevamente el alcalde en las manos del Procurador”, señaló.

Gestión debe acabar
El presidente de Concejo de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, se refirió al fallo que emitió el Consejo de Estado sobre el caso del alcalde Petro, y dijo que dicho fallo se toma en buena hora para acabar con la incertidumbre que atraviesa la ciudad. “En buena hora se toma esta decisión, es importante acabar con la incertidumbre que atraviesa Bogotá”, dijo Uribe Turbay, y agregó que “es importante acatar las decisiones judiciales. La Administración Distrital ha estado paralizada tratando de defenderse y la historia de mala gerencia en Bogotá debe terminar”.

Así mismo, Miguel Gómez Martínez, representante a la Cámara y promotor de la revocatoria del Alcalde Mayor, indicó que “no se ha aclarado en definitiva el panorama jurídico. Faltan otro grupo de tutelas que están en el Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura”.

Gómez agregó que esta decisión es “sin duda un revés muy grande para el alcalde Gustavo Petro”.

La opinión

Miguel Uribe turbay
Presidente del Concejo de Bogotá

“En buena hora se toma esta decisión, es importante acabar con la incertidumbre que atraviesa Bogotá. Es importante acatar las decisiones judiciales. La Administración ha estado paralizada”.

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