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  • David "Chato" Romero

sábado, 2 de abril de 2016

La muestra de poder de estos actores ilegales han llevado a tomar medidas institucionales como los consejos de seguridad que organizó Pérez en Urabá, Caucasia, Puerto Berrío y Pueblorrico. 

También, como lo informó LR en su edición de febrero 12 de 2016, protagonizó una polémica similar a la ocurrida en Bogotá con el proyecto metro al frenar el avance del túnel del Toyo, argumentando habían detalles por resolver frente a los diseños del proyecto y la legalidad de los contratos. 

Una reunión a principios de marzo con la ministra de Transporte, Natalia Abello, terminó de paralizar la obra al suspenderla por 60 días. En el proyecto participan la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Dicho contrato, firmado en abril de 2015 definió las partidas que deben dar la capital antioqueña y el departamento entre 2015 y 2024. 

Este año, por ejemplo, la Gobernación debe desembolsar $58.500 millones que ya se encuentran dentro de la apropiación presupuestal. De acuerdo con el contrato de giro, a más tardar, deberá hacerse en junio (60%, es decir $35.100 millones) y el restante 40% ($23.400 millones) deberá desembolsarse en diciembre. El túnel antioqueño que, de construirse, sería el más largo del país al alcanzar una longitud de 9,75 kilómetros, superando incluso el de La Línea que tiene una extensión de 8,65 kilómetros. Por esta razón, no es extraño que el vicepresidente Germán Vargas Lleras, haya iniciado su agenda en Antioquia.

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