Luis Manuel Lasso González, magistrado del alto tribunal, señaló en su providencia que no se podrá mover el dinero de estas cuentas, a menos que sea para pagar nómina, servicios e impuestos. El resto de los recursos iría destinado a pagar las sanciones que la justicia colombiana le imponga a la multinacional, que, en días pasados, Fernando Carrillo dijo que podrían ascender a US$11 millones.

 

Esto se da en medio de las investigaciones que las autoridades adelantan sobre actuaciones ilegales que la constructora pudo tener en el país.

 

De igual manera, el Tribunal rechazó la apelación de la constructora que argumentó que se debe probar un soborno de US$6,1 millones y que este monto fuera determinante para que la obra fuera adjudicada.