Olmedo López pidió a la Corte Suprema que avale su acuerdo con el Tribunal de Bogotá

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Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, se encuentra en la Corte Suprema de Justicia para declarar en el expediente que vincula a seis congresistas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, implicados en el entramado de corrupción de la entidad. En el marco de la audiencia, López solicitó al alto tribunal avalar el preacuerdo con el Tribunal de Bogotá, que actualmente se encuentra detenido, pues, de no hacerlo, guardará silencio.

En un documento dirigido al magistrado Misael Fernando Rodríguez, el exdirector reafirmó su "firme determinación de seguir atendiendo cualquier citación que me haga la justicia, tal como lo he hecho desde que decidí cooperar plenamente, aportando pruebas veraces sobre hechos que conozco con mi calidad de testigo". Aseguró que su decisión de colaborar con la justicia obedece a su compromiso con la verdad y con la necesidad de esclarecer hechos institucionales graves que afectaron el interés público.

En primer lugar, López puso en conocimiento de la Corte que fue sujeto de intentos de soborno, en los que le ofrecieron $10.000 millones, con el fin de que guardara silencio y alterara la verdad procesal que presentaría en sus declaraciones. "Frente a este hecho, es importante señalar que ya existen personas judicializadas y capturadas, quienes han aceptado su responsabilidad penal y actualmente se encuentran dentro del marco de negociaciones con la Fiscalía General", señaló.

Luego, informó que ha recibido una serie de amenazas "cuyo objetivo ha sido el mismo: que calle o mienta". Aseguró que dichas actuaciones han sido informadas a la Fiscalía, pues "configuran una grave vulneración a mi derecho fundamental a la seguridad personal, así como a la de mi núcleo familiar. En ese punto, también destacó que diez hombres armados intentaron ingresar a la vivienda de su abogado para sustraer información y documentación relevante para el caso.

En tercer lugar, se refirió sobre unas declaraciones presidenciales en las que fue señalado como "traidor de la izquierda" y las calificó como una grave estigmatización pública que pone precio a su cabeza, "Esta expresión adquiere una connotación especialmente peligrosa si se tiene en cuenta mi pasado como exmiembro del movimiento M-19, donde la figura de traidor era castigada con la muerte", afirmó.

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También aseguró que, tanto el presidente Gustavo Petro, como otros funcionarios del Gobierno, se han referido a su caso y emitido juicios de valor que agravan la exposición mediática del mismo y repercuten en su seguridad y la de su familia, además de que afectan la imparcialidad de la justicia.

"Como es de conocimiento de las autoridades judiciales, he adelantado una negociación mixta con la Fiscalía, en donde firmé un principio de oportunidad, el cual ya fue debidamente avalado por un juez de la República, y actualmente se encuentra en trámite la apelación que improbó el preacuerdo que tengo con la Fiscalía en el Tribunal de Bogotá", escribió.

En razón de eso, argumentó que no tiene seguridad jurídica en su caso y manifestó que, de no obtener el aval por parte de la Corte, guardará silencio en sus declaraciones.