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sábado, 24 de enero de 2015

Con el compromiso de desmantelar la corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la Fiscalía presentó un principio de oportunidad para el exdirector Omar Figueroa Reyes, quien ejerció el cargo entre 2009 y 2010.

Entre los puntos más importantes del acuerdo está que el investigado prometió entregar poderes de abogados, documentos notariales y nombres de personas vinculadas a la entidad e inclusive se ha dicho que podría salpicar a algunos senadores y representantes a la Cámara que permanecen en ejercicio.

De acuerdo con Caracol Radio, se puedo establecer que Figueroa testificará en contra de 32 personas, entre ellos 14 funcionarios y dos exdirectivos. Uno de ellos sería su exjefe Carlos Albornoz.

Adicionalmente, serán entregados “los contratos de arrendamiento, las copias del pago de los impuestos prediales y los dictámenes de las inspecciones a cultivos, al parecer usufructuados de manera ilegal”, asegura una comunicación de la Fiscalía.

Figueroa es investigado por las presuntas irregularidades en el “proceso de entrega de bienes incautados al narcotráfico a un grupo de contratistas y particulares, delitos que se relacionan con el fraude procesal, falsedad, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, concusión, cohecho, peculado y concierto para delinquir”, de acuerdo con el ente investigador.

Adicionalmente, el exdirector aceptó el sometimiento por delitos tales como: peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho impropio y concusión.

Con la liquidación del DNE se estimó que el detrimento llegaba a US$10 millones.

El caso Camilo Bula
En julio del año pasado fue condenado a 8 años y 3 meses de cárcel el abogado Camilo Bula Galeano, quien ejercía como liquidador de la entidad, por peculado por apropiación en concurso con peculado en beneficio de terceros. Además tenía que pagar 37.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes por los hechos cometidos.

Según el proceso, Bula realizó operaciones ilícitas con dos locales de un edificio en Barranquilla, una casa campestre en la ciudad de Santa Marta y un parqueadero en la capital del Atlántico, lo que implicó un detrimento patrimonial de $31.500 millones, además el exfuncionario habría recibido como pago una suma de $300 millones.

Entre otros hechos que ha dejado este proceso, está la medida de aseguramiento a Freddy René Quintero Camacho, teniente retirado de la Policía, quien fue depositario de bienes otorgados por la DNE y se le sindicó como autor del delito de concusión agravada, así como a su hermano Berney Quintero Camacho, como posible partícipe.

En total, el año pasado hubo más de 39 involucrados en el proceso del DNE que llevó a cabo la Fiscalía. Las acciones delictivas se realizaron con predios y bienes inmuebles en varias ciudades del país, especialmente en la costa, así como en Villavicencio, Pereira, entre otros.

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