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Judicial

Ordenan detención transitoria de la senadora Martha Peralta por caso Ungrd

La Corte investiga a la congresista por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio en un contrato de maquinaria

19 de junio de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


Martha Peralta
Colprensa
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó una medida de detención transitoria en contra de la senadora Martha Peralta, perteneciente a la coalición del Pacto Histórico.

La decisión se hizo efectiva el jueves 18 de junio, luego de que la congresista se presentara a una diligencia de indagatoria en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

La medida de aseguramiento provisional fue emitida por la magistrada Cristina Lombana. De acuerdo con las fuentes judiciales, la funcionaria judicial tomó la determinación tras evaluar que existía un riesgo potencial respecto a la comparecencia de la legisladora a los llamados del proceso que se adelanta en su contra.

Esta diligencia ocurre poco después de que el alto tribunal notificara la apertura de una investigación formal contra la senadora por los delitos de cohecho impropio y tráfico de influencias. La Corte Suprema busca esclarecer la presunta participación de Peralta en el direccionamiento de recursos públicos y contratos asignados por la entidad de gestión del riesgo.

El foco del expediente se centra en un contrato específico suscrito el 25 de octubre de 2023 por un valor de $2.170 millones, cuyo objeto era el alquiler de maquinaria amarilla para el municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira. La licitación fue adjudicada a la empresa Inversiones IRL SAS, representada por los ciudadanos Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi.

La investigación se fundamenta, entre otros elementos, en las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien afirmó ante la justicia que la senadora Peralta asistió a una reunión en la entidad junto con los contratistas.

Según el testimonio de López, en dicho encuentro se solicitó la asignación de los contratos de maquinaria pesada bajo el argumento de que los recursos asignados contribuirían al desarrollo de procesos políticos en la región.

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