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Natalia Arteaga - narteaga@larepublica.com.co martes, 7 de octubre de 2014

En Colombia se han expedido hasta la fecha 248.164 tarjetas profesionales y 4.363 están inactivas por dos razones: fallecimiento del titular o suspensión de la licencia para ejercer.

La última razón, podría estar atada a criterios de calidad, como lo mencionó ayer el ministro de Justicia, Yesid Reyes, cuando anunció su propuesta de implementar un examen de Estado, realizado por la cartera que lidera, con el apoyo del Ministerio de Educación. La noticia del funcionario ha caído bien entre los académicos de la profesión, pues pondría en cintura a los 13.000 egresados de derecho que solicitan su tarjeta profesional cada año.

Dice Fernando Velásquez, director del departamento de derecho penal de la universidad Sergio Arboleda, que si dicho proyecto contempla la suspensión de los preparatorios, que no son obligatorios en todas las instituciones que tienen adscrita la carrera de derecho, para unificar una sola prueba que compruebe el conocimiento adquirido durante la carrera, sería interesante.

“En países desarrollados como Alemania, los abogados están obligados a presentar dos pruebas desarrolladas por el Estado. La primera se realiza para poder ejercer profesionalmente y la segunda por si se quiere incorporar a la vida académica como docente”.

En la opinión de Velásquez coincide Rodolfo Correa, socio de Forvm y docente de derecho administrativo de la Universidad de Medellín, quien asegura que la propuesta del ministro Reyes es una replica del modelo europeo.“El Ministro de Justicia propone un examen para poder acceder a la tarjeta profesional de abogado, es decir, no sería un requisito para graduarse de una facultad de derecho, sino para ejercerlo”.

De acuerdo con Correa los exámenes preparatorios, son diferentes, ya que son una exigencia para obtener el título. Así está estipulado, en el Decreto Nacional 1221 de 1990, el cual explica la obligatoriedad.

Es importante aclarar, dice el docente de derecho administrativo, que posterior a dicho Decreto, la Sentencia C-1053/01 sostuvo que no todas las universidades deben exigir la satisfacción de preparatorios, sino aquellas que lo incluyan en su plan de estudios.

Para Correa la implementación del examen estatal sería muy positiva, ya que asegura que con la “masificación de centros de estudio que ofrecen el título de abogacía y con la excesiva flexibilización en los planes académicos, la calidad se encuentra en un deterioro importante”.

Los argumentos del Ministerio de Justicia van en la dirección señalada por el socio de Forvm y mediante un comunicado, Reyes expresó que la proliferación de la oferta no siempre ha estado atada a criterios de calidad. Por ello, y con el ánimo de hacer de la justicia una institución más respetable, se implementará un examen de Estado para el ejercicio de la profesión del abogado”.

Juan Fernando Córdoba, decano de la facultad de derecho de la Universidad de la Sabana, dice que cree que puede haber algunas complicaciones por la cantidad de juristas que se están graduando anualmente en el país, pero a la vez, el académico asegura que será sano para la calidad de los profesionales.

“En la Sabana, por ejemplo, estamos realizando tres exámenes adicionales a los exigidos por la ley. Con dichas pruebas verificamos la calidad y el conocimiento de los alumnos”.

De acuerdo con Daniel Acevedo, abogado consultor, aunque se garantizará un ejercicio más profesional, el proyecto también podría vulnerar el derecho al trabajo, ya que se convertirá en un obstáculo para el ingreso al mercado laboral de los juristas.

Las estadísticas del CSJ
De las 248.164 tarjetas profesionales de abogados que se han expedido desde 1971, cuando se formalizó con el Decreto 196 de ese año, 13.951 fueron entregadas el año pasado.

En lo corrido de 2014, se han expedido 11.178.
El trámite le cuesta a un profesional del área, $50.000 en el Consejo Superior de la Judicatura y aunque el documento, por lo general, está listo el mismo día de la solicitud, la entrega puede tardar hasta un mes.

Otros proyectos
Además de la propuesta académica, la cartera presentará 26 proyectos que buscan acercar la justicia al ciudadano de a pie en el país, a fin de frenar la desconfianza con el sistema y aumentar el nivel de denuncia. De acuerdo con Reyes, más de 72% de los ciudadanos no denuncian los delitos de los cuales son víctimas porque consideran que el mecanismo es dispendioso y complicado. Anunció que con apoyo de la Fiscalía se crearán nuevas URI de carácter zonal.

Las opiniones

Juan Fernando Córdoba
Decano de la Universidad de la Sabana

“Considero que el examen será sano para la calidad de los profesionales. En la Sabana, por ejemplo, estamos realizando tres pruebas adicionales a las exigidas por la ley. Con dichos exámenes verificamos la calidad y el conocimiento de los alumnos”.

Fernando Velásquez
Director del departamento penal de la sergio arboleda

“En países desarrollados como Alemania, los abogados están obligados a presentar dos pruebas estatales. La primera se realiza para poder ejercer profesionalmente y la segunda por si se quiere incorporar a la vida académica como docente”.

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