• José David Castilla

martes, 27 de noviembre de 2018

Responsabilidad de la firma auditora es uno de los puntos críticos del debate

Los resultados de las investigaciones en el caso Odebrecht han generado mucha polémica en el papel que debe cumplir el fiscal Néstor Humberto Martínez. Frente a los testimonios expuestos por Jorge Enrique Pizano y las conversaciones publicadas por varios medios de comunicación, el senador Jorge Enrique Robledo y la bancada opositora convocaron hoy a un debate de control político en la plenaria del Senado.

Esto se suma a la elección de un fiscal ad hoc para el caso, debido a que la vicefiscal María Paulina Riveros le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que nombrara un nuevo director para el proceso penal. El alto tribunal anunció que este jueves tomará una decisión ante la solicitud de la funcionaria.

El presidente de la Corte, Jorge Luis Barceló, será el encargado de anunciar la determinación que tome esta corporación. La solicitud se amparó en la necesidad de establecer una investigación independiente e imparcial en el caso del millonario cohecho que sustentó la adjudicación del contrato para construir la Ruta del Sol II.

Y para completar está la pelea entre las declaraciones de la Fiscalía y la Procuraduría en este caso de corrupción.

Dentro del desarrollo procesal de la investigación se han involucrado nuevos actores. Los principales conflictos jurídicos dentro de este caso se generaron en el papel que jugaron la firma auditora PwC, la responsabilidad y los deberes que tenía la empresa Corficolombiana para detectar la práctica de acciones fraudulentas para la adjudicación del contrato.

Otro punto sensible es la tensión entre el deber de denunciar y el secreto profesional que cobijó al fiscal Néstor Humberto Martínez.

Ante esta situación, AL consultó a varios juristas expertos en las ramas de derecho penal corporativo, quienes manifestaron sus preocupaciones ante el desarrollo de las investigaciones. Los juristas coincidieron en que este debate está tomando tintes que salen de la esfera jurídica del caso y que aún se desconocen las implicaciones.

Guillermo Mendoza Diago
Exfiscal General de la Nación 2009-2011
"“El fiscal Néstor Humberto Martínez está cobijado bajo el secreto profesional, porque toda la información que conoció del caso, la conoció porque era abogado de Corficolombiana. Por eso considero que prima el secreto profesional. La única excepción a esto es que Martínez se haya enterado de un delito que se iba a cometer, pero en los audios que se dieron a conocer de Jorge Pizano demuestra dos puntos: 1) Que se enteró después de ocurrida la conducta y 2) Que no cometió delito alguno”.

Mauricio Pava Lugo
Corporación Excelencia a la Justicia
"En el tema de Corficolombiana es el momento para discutir el régimen de transferencia de responsabilidad de las personas naturales a las personas jurídicas en materia penal, hoy no existe la figura de responsabilidad por atribución. Frente a la responsabilidad del Fiscal, diré que en el derecho penal siempre debe primar el respeto por la presunción de inocencia. Este es un momento oportuno para discutir figuras como la de la ignorancia deliberada, paradigmas reales del derecho penal corporativo”.

Carlos Gustavo Arrieta Padilla
Exprocurador General de la Nación
“En estos proyectos un auditor tiene responsabilidad derivada. Sin embargo, en esta clase de relaciones contractuales todo depende de todo. En este caso, las cláusulas del contrato con PwC son fundamentales para determinar la existencia de algún tipo de responsabilidad penal contra la firma. Pero esto depende de dos factores: calidad de las auditorías realizadas y el tipo de información conocida. Ya le corresponderá a las autoridades determinar la responsabilidad de la firma”.

Julio Andrés Sampedro Arrubla
Decano Universidad Javeriana
“Creo que en este caso, la figura del fiscal ad hoc es completamente necesaria. Si bien la ley nacional no contempla la creación de esta figura, tampoco existe impedimento alguno que nos permita utilizar, por analogía, la denominación de un servidor especial para el caso. Frente al debate de control político, debo aclarar que esto sale de la esfera jurídica e ingresa a un tema completamente político, porque la plenaria del Senado no tiene ninguna herramienta jurídica para afectar al Fiscal”.