Procurador Fernando Carrillo/ Colprensa

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Adriana Carolina Leal Acosta martes, 28 de abril de 2020

La suma que estaría en presunto riesgo es de $14.000 millones. Según la Procuraduría, las sedes físicas de los contratistas no funcionan

La Procuraduría General de la Nación inforrmó que se le pidió a al Luis Alberto Monsalvo, gobernador de Cesar, suspender la liquidación de 37 contratos y dos adiciones de esos documentos, firmados para la adquisición de 88.700 kits de mercados y tarjetas o bonos para atender la emergencia sanitaria derivada de la propagación del covid-19, hasta verificar la correcta ejecución de los $14.065 millones invertidos para tal fin.

El órgano de control precisó que, de acuerdo con una visita realizada el 22 de abril, los investigadores de la Regional Cesar las sedes de las fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor, y Abiezer del César, que tienen a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado que suman más de $2.600 millones, se encuentran hoy desocupadas o funcionan como casas de familia, "situación que genera dudas respecto a la capacidad de estos proveedores para ejecutar los negocios jurídicos", dijo la Procuraduría a través de un comunicado.

"La Procuraduría instó al mandatario regional a pedirle a los contratistas los soportes sobre la inversión de los más de $14.000 millones, en los que se discriminen los gastos en la adquisición de los mercados e insumos y los costos logísticos y de transporte. Sin la entrega de toda la información el ente territorial no podría liquidar los contratos y expedir los paz y salvo a los contratistas", advirtió la Procuraduría.

Adicionalmente, el ente de control destacó que, aunque la Ley 80 de 1993 faculta a los entes públicos a aplicar un régimen excepcional de contratación durante los estados de emergencia económica, social y ecológica; previa declaración de la respectiva urgencia manifiesta, las administraciones “no quedan relevadas de los deberes contractuales de vigilar la correcta ejecución del contrato”. Razón por la cual pidió al gobernador que, en caso de probarse que hay alguna irregularidad, tome las acciones pertinentes.

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