Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Gustavo Petro

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  • Carlos Jaramillo Palacio

miércoles, 15 de mayo de 2024

De acuerdo con Héctor Carvajal, abogado del Presidente de la República, las pruebas que existen dentro del proceso están viciadas

La defensa del presidente Gustavo Petro comenzó otra estrategia jurídica para lograr que el CNE archive su investigación por la presunta financiación irregular de su campaña a la presidencia. En las últimas horas su abogado, Héctor Carvajal, le hizo la petición al Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con el representante de Petro, las pruebas que existen dentro del proceso están viciadas.

“Solicito decretar la nulidad de toda la actuación surtida en el procedimiento sancionatorio iniciado, incluidas las pruebas practicadas, por estar viciadas, toda vez que su controversia se cumple a partir del acto de imputación de cargos y por cuanto con tal ejercicio arbitrario de una competencia extinguida en el procedimiento contencioso administrativo”, señala la petición del Presidente que llegó al CNE.

"El Consejo Nacional Electoral cuenta con la competencia para imponer sanciones por violación de los topes y la financiación irregular de la campaña presidencial, acorde con los hechos que durante el desarrollo de la campaña logre detectar o conocer, bien de oficio o por queja o denuncia ciudadana o porque así lo determine el Fondo de Financiación Política, que es quien debe escrutarlas, siempre que dichos hechos se conozcan durante este lapso o máximo dentro de los 30 días siguientes a la elección presidencial”, se lee en el documento.

La solicitud se conoce días después de que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaran una ponencia para que sea estudiada por la sala plena con el fin de abrir pliego de cargos en su contra y sobre altos funcionarios de la campaña presidencial, incluyendo por Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien fue el gerente de la misma.

Junto a Roa se solicita que los cargos comprometan también a quienes actuaron como los auditores de la campaña, María Lucy Sotto y Juan Carlos Lemus.

Ortiz y Prada señalan, de ahí su decisión de la petición de imputación de cargos, que para la primera vuelta pudieron evidenciar, en las distintas pruebas que se volaron los topes en $3.709 millones, mientras que para la segunda vuelta se habrían dejado de reportar al menos $1.646 millones, lo que llevaría a un gran total de $5.355 millones, de acuerdo a lo que se indica en la ponencia.

Entre las cuentas, que para los magistrados se volaron, están el aporte de 500 millones de pesos que hizo en su momento la Federación Colombiana de Trabajadores, Fecode; un supuesto préstamo que entró a la campaña de parte del partido Polo Democrático, también por $500 millones, al igual que los $931 millones con los que se pagó la gestión de los testigos electorales y otros $356 millones que fue dinero de la propaganda electoral.

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