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Judicial

Piden cárcel para los tres capturadas por el robo de las camionetas blindadas en Suba

La Fiscalía imputó a los tres capturados hasta ahora por el robo de las dieciséis camionetas blindadas que iban para la UNP

24 de enero de 2024

Carlos Jaramillo Palacio


camioneta blindada
Colprensa
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La Fiscalía General de la Nación imputó en las últimas horas a tres capturados que van hasta el momento por el robo de las dieciséis camionetas blindadas que iban a ser usadas para los servicios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cuyo costo tiene aproximadamente, cada una, $500 millones.

Hasta el momento las autoridades han recuperado 11 de ellas, las últimas cinco en un parqueadero de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Y es que de acuerdo con la Fiscalía dicho robo, realizado en un parqueadero de Suba (en el que además amordazaron a los vigilantes) fue milimétricamente elaborado. Dice el ente investigador que al menos veinte personas participaron, ya que se necesitaban dieciséis conductores y otras personas encargadas de desarrollar otras acciones.

La Fiscalía remarcó algo que la semana pasada había mencionado el director de la UNP, Augusto Rodríguez: los delincuentes utilizaron inhibidores de señal para desactivar los dispositivos GPS de los vehículos y luego sustraerlos de su estacionamiento.

Hasta el momento, las autoridades han capturado a Germán Alexander Moreno Bolívar, Jairo Alfonso Rojas Ballen y Brayan Alfonso Rojas Muñoz, quienes fueron imputados como coautores de hurto calificado y secuestro simple. Ninguno de ellos aceptó los cargos.

La fiscal Irma Ochoa pidió enviar a prisión preventiva a los implicados, una solicitud de medida de aseguramiento sobre la que el juez 23 de control de garantías de Bogotá se pronunciará hoy miércoles, luego de escuchar a la defensa de los detenidos.

Entre los elementos materiales recaudados que enredan a los tres implicados están las declaraciones de los vigilantes del parqueadero, quienes contaron cómo fueron secuestrados.

Las camionetas son de propiedad de la compañía Alliance Security Rent Car, que busca acreditarse como víctima en el recién comenzado proceso penal. De acuerdo con el director de la UNP, iban a ser asignadas a la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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