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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Martes, 11 de diciembre de 2012

Elección Visible envió un derecho de petición a los magistrados de las tres Cortes con el fin de solicitar información sobre sus familiares con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil.

O que estén ligados en matrimonio o unión permanente, que hayan sido nombrados en los pasados cuatro años en cualquier cargo en alguna de las entidades de la Rama Judicial, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación.

El plazo de respuesta a este derecho venció el 31 de octubre y en el gráfico número uno se evidencia la lista de magistrados que reportaron relaciones de familiaridad en algunas de las entidades relacionadas.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Alberto Castro Caballero, José Leonidas Bustos Martínez y Luis Guillermo Salazar Otero consideraron no responder esta petición amparados en su derecho a la intimidad.

Los magistrados que no enviaron respuesta alguna se encuentran relacionados en el segundo gráfico.

Según Elección Visible, los demás magistrados informaron no contar con familiares en alguna de las instituciones señaladas o no conocen información al respecto, más allá de sus cónyuges o hijos. Con ocasión de este derecho de petición el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren envió a la Corporación Exelencia en la Justicia-CEJ un derecho de petición solicitando información de estatutos, aportantes, planta de personal y principales actividades de la Corporación desde su existencia, a lo cual la Dirección Ejecutiva de la CEJ respondió remitiendo la información solicitada.

Según los analistas, este tipo de investigaciones se realiza con el fin de establecer inhabilidades posibles en los cargos que ocupan actualmente los magistrados en las Altas Cortes. Así se resolverían casos como los del carrusel de las pensiones, y posible detrimento al generar mayores pagos de dineros a funcionarios que estuvieran inhabilitados.