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Colprensa Miércoles, 9 de agosto de 2017

La Secretaría de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), dijo que adecuará su funcionamiento para poder cumplir el fallo.

Luego que el Consejo de Estado le dijera a la Secretaría de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que tenía 15 días para resolver las peticiones de libertad que hacen los integrantes de la Fuerza Pública, ese organismo señaló que adecuará su funcionamiento para poder cumplir el fallo, aunque se trata de poco tiempo.

En un comunicado, la Secretaría de la JEP dijo que hasta el momento se han suscrito 4506 actas de miembros de las Farc-EP y de la Fuerza Pública privados de la libertad quienes buscan someterse a la JEP, en todo el país, para lo cual fue necesario un equipo de 21 personas y 30 consultores.

Sobre la fuerza pública, la Secretaría señaló que no solo se deben suscribir actas sino también analizar la relación de los delitos por los que están procesados o condenados con el conflicto armado interno, a partir de 7494 archivos electrónicos.

La JEP dijo que se trata de “una labor sustancial y compleja, que requiere un delicado estudio de fondo” porque actualmente no hay parámetros claros sobre la conexidad de los delitos con el conflicto, lo que se ve más, en casos como los ‘falsos positivos’.

“Las ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de la Fuerza Pública han sido calificadas de diferentes formas por los fiscales y jueces de la República, fenómeno que ha sido objeto de amplios debates en el derecho internacional. En algunos casos se procesan como homicidios en persona protegida y en otros como homicidios ordinarios, agravados o simples”, dijo la Secretaría.

Para ese organismo, por tanto, “en estos procesos es necesario tener en cuenta la voz de las víctimas y procurar la garantía de sus derechos”.

La entidad agregó que desde enero de 2017 la Secretaría ha recibido 7.415 comunicaciones escritas, distribuidas en 2.829 derechos de petición, 2.686 notificaciones, 1.730 oficios de jueces, 149 tutelas y 120 habeas corpus, “que demandan una gran inversión de trabajo y tiempo para su atención” pues “hoy se registra la llegada de una petición cada tres minutos”.

A esto se suma que la Secretaría ejerce actualmente las siguientes funciones adicionales como diseñar y poner en funcionamiento la JEP, realizar la planificación presupuestal de esta jurisdicción, elaborar los informes para las salas y realizar acercamientos con las víctimas y la comunidad internacional.

“Por estas razones, el plazo de 15 días establecido por el Consejo de Estado para analizar de fondo el nexo de los delitos con el conflicto armado interno, desplazarse por todo el país para suscribir las actas y enviar las comunicaciones correspondientes es difícil de cumplir en las condiciones actuales”, dice el comunicado.

Sin embargo, la Secretaría anunció que “se está reestructurando para atender en un plazo razonable las peticiones de las personas privadas de la libertad, continuar con su labor de garantizar los derechos humanos, implementar el acuerdo de paz y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera”.