martes, 14 de diciembre de 2021
El informe reveló siete prácticas de violencia; violencia contra la Fuerza Pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, etc.
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En un informe independiente solicitado por Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y organizado por las Naciones Unidas, se concluyó que la Fuerza Pública fue responsable del asesinato de once jóvenes en Bogotá y Soacha durante las manifestaciones que tuvieron lugar el 9 de septiembre de 2020.
Esta relatoría de los hechos contó con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto a la ONG Human Right Watch. Según las pesquisas, se documentaron 14 muertes en las manifestaciones, incluyendo la de Javier Ordóñez, de las cuales 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía.
El informe también señala que los integrantes de la Policía también fueron víctimas de lo ataques, pues hirieron su integridad personal mientras intervenían y protegías los bienes e infraestructura de la institución.
Adicionalmente, se encontraron siete prácticas violentas; violencia contra la Fuerza Pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, uso ilícito de la fuerza, violencia contra bienes públicos y privados, impunidad y estigmatización de la protesta social.
"Asumo enteramente la responsabilidad que me compete. Ofrezco una vez más perdón a las víctimas y a mi ciudad. Asumo enteramente la responsabilidad política e institucional que me corresponde para llevar a cabo y cumplir las recomendaciones de este informe", manifestó López.
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