Posibles anomalías por $7.200 millones en contrato de brazaletes electrónicos

De acuerdo con el organismo de control, se trata del Contrato 0321 del 5 de diciembre de 2014 suscrito por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -Uspec- mediante Resolución 1167 de 2014 motivada por la figura de declaratoria de Urgencia Manifiesta con un plazo inicial de seis meses.

La Aspec consideró que se trataba de un  plazo necesario para tramitar el proceso de selección, pero la CGR evidenció que mediante varios otrosí ese plazo fue prorrogado hasta enero de 2016 y su valor inicial fue adicionado en $7.222 millones sin que se diera el proceso de selección objetiva ya que la respectiva licitación pública fue declarada desierta. Así, dice el organismo de control, el contrato inicial pasó de $14.310 millones a $21.533 millones.

Para la Contraloría, al parecer, al contratista se le hicieron pagos excesivos pues los montos mensuales cancelados se hicieron por 4.250 brazaletes electrónicos, cuanto en servicio sólo estuvieron 1.355; esto descontando los 2.915 que reportaron novedades técnicas a mayo de 2015.

Por ello, la CGR inició la indagación preliminar para establecer un posible daño patrimonial por el pago de un servicio no prestado.

A lo anterior se agrega que, según las denuncias, un buen número de estos dispositivos presentaban fallas en su funcionamiento, teniendo en cuenta que la Contraloría tuvo conocimiento de comunicaciones entre el Ministro de Justicia y la Dirección General del Inpec “que generan serios indicios de las deficientes labores de supervisión por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, como entidad contratante de los servicios, de la fallas de los dispositivos electrónicos y la obsolescencia de los mismos”, dice el informe fiscal.

Estos brazaletes electrónicos se utilizan para el monitoreo de los internos con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional.

La urgencia manifiesta
La CGR estableció que era improcedente acudir a la figura de Urgencia Manifiesta por parte de la Uspec pues no se surtió el trámite de selección objetiva, hecho al que se agrega el aumento del valor del contrato en más del 50 % frente a lo inicialmente determinado.

A todo lo anterior, la CGR agrega “la deficiente supervisión de la Uspec con relación al seguimiento al nuevo Contrato (012 de 2016) que  reafirman la posible ocurrencia de irregularidades relacionadas con los equipos de vigilancia electrónica con los que se está prestando el servicio en la actualidad”.

Según las denuncias, e información institucional del sector justicia, el servicio de vigilancia electrónica viene siendo atendido con equipos obsoletos y a un costo superior a las ofertas presentadas en la licitación pública declarada desierta.