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Colprensa jueves, 12 de abril de 2012

El Consejo de Estado ordenó la práctica de pruebas y recopilación de documentos para verificar la experiencia profesional de la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, en el marco de la demanda de nulidad de su elección, la cual cursa en esa corporación.

El magistrado ponente en este caso, Alberto Yepes, busca recopilar las primeras pruebas para elaborar el proyecto de fallo que sería entregado en los próximos días en la Sección Quinta.

Estas pruebas se ordenan ya que en la demanda interpuesta por Diego Armando Carvajal Briñez se señala que Morelli no contaba con una experiencia en el sector público, por un periodo no menor a cinco años, como establece la ley.

Morelli presentó su permanencia en la Federación Nacional de Cafeteros como parte de esa experiencia en la vida pública pero a juicio del accionante, ello no constituye ejecutar funciones oficiales.

En este proceso ya se cuenta con el concepto de la Procuraduría General de la Nación que pidió al Consejo de Estado negar las pretensiones y mantener a Morelli en el cargo.

A juicio del Ministerio Público, Morelli sí cuenta con la experiencia y se apegó a sus funciones en la Federación de Cafeteros y agregó que las ejercidas por la contralora como directora técnica del Ministerio de Justicia, desde enero a septiembre de 1994. Igualmente, indicó que Morelli hizo parte de la lista oficial de árbitros de la Cámara de Comercio en el 2000.

Entre tanto, la polémica por quién debe investigar a los aforados en el país no para. El capítulo de hoy fue protagonizado por la Sala de Conjueces de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura quienes, en cabeza de su vocero, Carlos Isaza, advirtieron que no realizarán aclaración alguna sobre el polémico fallo que llevó a la Contraloría a frenar las investigaciones en contra de los aforados.

De acuerdo con Isaza, no consideran que en la decisión haya duda alguna, dado que en esta no se presenta omisión o falta de interpretación, por lo cual no responderán a la solicitud realizada por la contralora Sandra Morelli el pasado lunes.

Mientras continúa el rifirrafe entre la Contraloría y los conjueces, sigue en espera el pronunciamiento del Consejo de Estado para que este profiera su decisión del conflicto de competencias de la Contraloría, que aclararía si es esa entidad o la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la que debe investigar a magistrados en materia fiscal.

Según la contralora , el Consejo de Estado es la instancia competente que debe definir quién debe investigar a los aforados, tras considerar que este es un hecho de materia técnico y administrativa.

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